NAYARIT.- El río Santiago nace en Chapala, el lago más grande de México, y serpentea 475 kilómetros entre diversos municipios de Jalisco y Nayarit para desembocar en el océano Pacífico.
Es un afluente que diariamente recibe más de 500 millones de toneladas de sustancias tóxicas procedentes de plantas industriales, empresas agrícolas, instituciones públicas y particulares.
La contaminación es atribuible al exceso de vertidos tóxicos, al deficiente tratamiento de aguas residuales y al incumplimiento de las normas establecidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero el Santiago no es el único, los ríos, torrentes y cuencas en México son poco monitoreados.
La cantidad de inspectores que supervisan las descargas es casi la misma que hace 12 años y los vigilantes no pueden cumplir con sus metas de inspección, según una investigación apoyada por Quinto Elemento Lab.
El gobierno federal tiene 163 inspectores para vigilar el uso del agua y las descargas residuales en todo el país. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano del Congreso federal, plantea que deberían ser, cuando menos, cuatro veces más.
No sólo eso. En los últimos tres años se redujeron a la mitad las visitas que hace la autoridad para vigilar el correcto uso del agua y sus vertidos; la apertura de procedimientos contra usuarios que violan las reglas cayó drásticamente. También tocó niveles mínimos la imposición de sanciones económicas y administrativas contra los infractores.
Los primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado los desplomes más pronunciados en cantidad de inspecciones de Conagua: en 2019 cayeron 64% con respecto al año previo y en 2020 el descenso fue de 50%. Se buscó a portavoces de la Conagua, pero no estuvieron disponibles para ofrecer comentarios para este reportaje.
Tener suficientes inspectores que puedan visitar sorpresivamente a los usuarios es crucial para monitorear sus actividades. Estos agentes suelen llegar sin previo aviso, recorren los establecimientos para constatar los volúmenes que se extraen y las aguas residuales, y levantan un acta con los hechos, omisiones o conductas infractoras, si es que las detectan.
En su revisión de desempeño del año 2020, la ASF encontró que la Conagua solo realizó 29% de las 4 mil 500 mil visitas de inspección que tenía fijadas como meta a escala nacional.
Seis años antes, la ASF ya había advertido que la Conagua carecía del músculo necesario para hacer cumplir la ley y recomendó que el organismo necesitaba “incrementar la fuerza laboral y equipamiento en 3.9 veces para disponer de 705 inspectores, a efecto de generar una mayor presencia de la autoridad del agua y por ende un mayor cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales”.
Los 163 inspectores de la Conagua deben vigilar las actividades de más de 523 mil permisionarios que explotan el agua y realizan vertidos en ríos y cuencas. La cantidad de inspectores es similar a la que existía en 2010, aunque el número de permisionarios creció en más de 70 mil en ese mismo lapso.
En 2012 las sanciones por contaminantes alcanzaron su punto máximo en la última década: mil 701. Desde ese año el número fue bajando de manera irregular, pero sostenida. Sin embargo, la caída se agudizó a partir de 2018, que se registraron 980; en 2019, 601; en 2020, 392, y en 2021, 295.
Portazo en las narices
La falta de inspectores no es el único problema que hay para vigilar que los permisionarios realicen un correcto vertido de aguas residuales y que éstas hayan sido tratadas adecuadamente. La carga de trabajo, la burocracia y la reticencia de los usuarios para permitir el ingreso de supervisores también son serios obstáculos.
Entre 2010 y 2021 hubo 827 ocasiones en las que se les impidió el paso a los agentes, esto es un promedio anual de 75 portazos, según informó la Conagua vía transparencia.
Las actas que surgen de las visitas de inspección son revisadas por la Gerencia de Calificación de Infracciones; si hay irregularidades se abre un procedimiento administrativo y la Conagua puede decidir si aplica una sanción.
Pero la burocracia ha frenado de forma significativa esas revisiones. Según la Conagua, en 2020 tenía un rezago de mil 200 actas sin calificar. La ASF ya había señalado en 2014 que la Conagua tenía acumuladas 9 mil 345 actas derivadas de visitas de inspección y sólo había calificado 79% de ellas.
Para examinar los vertidos, la Conagua cuenta con un centro de análisis: el Laboratorio Nacional de Referencia, que el año pasado operó con nueve personas y un presupuesto de 3.8 millones.
Sin embargo, este laboratorio resulta insuficiente y la Conagua tiene que contratar laboratorios privados para elevar su capacidad de análisis de la calidad de agua descargada.
De 2012 a 2021, la Conagua contrató a 10 laboratorios privados para apoyar con el análisis de las descargas de aguas residuales, según una respuesta del organismo. El año pasado sólo había un laboratorio externo contratado para ayudar al muestreo.
El contar con un solo laboratorio externo provoca que se analice un número muy limitado de muestras. Los estados tienen que esperar meses a que los muestreadores visiten una localidad, pues la Conagua los asigna para que acudan a ayudar a los inspectores de los organismos de cuenca y las direcciones estatales.
Vigilancia y sanciones
El Lerma-Santiago es el segundo afluente más largo de México. En su recorrido va acumulando desechos de fábricas, industrias, servicios públicos, casas particulares, empresas agrícolas y de acuicultura, entre otras.
Las descargas en el río Santiago que deben ser vigiladas típicamente contienen contaminantes como desechos sólidos, nitrógeno, fósforo, grasas y aceites, cobre, níquel y plomo.
A su paso por Jalisco, el Santiago se ha convertido en un escurridero de desechos manufactureros y urbanos. El municipio de El Salto tiene un corredor industrial donde están asentadas empresas que fabrican productos como textiles, metálicos, químicos, electrónicos y de plástico.
La ASF también ha criticado que la Conagua ha sido omisa en imponer sanciones a los infractores cuando el resultado de las actas de inspección los debe obligar a pagar multas.
El organismo se justificó al señalar que el bajo porcentaje de ejecución de sanciones se debe a los recortes presupuestales que han originado una disminución del personal y un rezago en la calificación de las actas que se levantan.
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