CIUDAD DE MÉXICO.- El tratado vigente sobre la administración conjunta de los dos principales ríos fronterizos, establece que a EU sólo le corresponderán 431 millones 721 mil metros cúbicos de agua, en tanto que a México le asiste el derecho a disponer de hasta 2 mil 96 millones 931 mil metros cúbicos de las aguas contenidas en los ríos Colorado y Bravo.

LAS DE PERDER…

En apariencia el tratado de aguas beneficia a México, pero eso no es así, explica el doctor Federico Mancera Valencia, especialista en temas del agua del Centro de Investigación y Docencia (CID) del estado de Chihuahua, pues EU siempre argumenta sequías para sacar la mejor parte del acuerdo.

“Lo que no lo permiten aprovechar la totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo, procedentes de los ríos Pecos, Devils, Manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto”, ubicados en suelo de EU.

Por esa razón, tal como lo garantiza el Tratado, el reclamo de agua a México ha sido constante en los últimos 50 años; siempre bajo el argumento del Gobierno norteamericano, que refiere bajos volúmenes de captación en los escurrimientos de los afluentes alimentadores de los ríos Bravo y Colorado, establecidos en el tratado, aun a sabiendas de que esos ríos alimentadores no aportaban gran cantidad de agua a los dos ríos fronterizos.

VENTAJOSO PARA EU

Este es un tratado ventajoso para EU, aclara el investigador Federico Mancera, porque simplemente los representantes mexicanos de aquel tiempo no vislumbraron los cambios climáticos que EU –con el avance de su ciencia– ya pronosticaba, y que han venido sucediendo.

A consideración de este investigador, “es urgente replantear el uso del agua de los dos principales ríos de la frontera norte”, a fin de evitar un colapso en las actividades agrícolas y urbanas de la zona norte de México.

CONTRATO LEONINO

El Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, que finalmente se ha convertido en un contrato en el que por periodos de cinco años las dos partes que conforman la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) revisan los volúmenes de lluvias que caen en ambos lados de las fronteras, para decidir el volumen de agua que debe ser aprovechado en cada país, ha dejado saldos negativos para México.

La deuda de agua de México con Estados Unidos se ha incrementado gradualmente desde 1992, luego de reconocer las dos partes del CILA que durante el quinquenio 1992-1997, los escurrimientos en los ríos a los que tiene acceso Estados Unidos, dentro de su territorio, y que alimentan a los ríos Colorado y Bravo, no permitieron al Gobierno de esa nación acceder a los volúmenes de agua acordados en el Tratado.

El balance de agua entre México y Estados Unidos, correspondiente al periodo 29, del quinquenio 2013-2017 se tendrá que revisar antes de octubre próximo, en donde, de acuerdo con académicos investigadores del tema del agua, se presume que el resultado no sea distinto a los de los otros cuatro quinquenios anteriores, donde México podría seguir presentando deuda de agua al Gobierno norteamericano.

APROVECHARSE DE MÉXICO

México se encuentra en la encrucijada del agua, porque al Gobierno federal le ha faltado mayor visión para entender lo que el Gobierno de EU pretende con el manejo de sus recursos naturales, explicó el doctor Federico Mancera, pues el Gobierno norteamericano busca de alguna forma aprovecharse de los recursos naturales de nuestro país, en la medida excesiva en que sea posible.

La falta de planeación del Gobierno mexicano, siguió el investigador del CID Chihuahua, no ha sido tan adelantada como la de EU, “pues el Gobierno norteamericano planeó el Tratado de Aguas con una visión a futuro. No sólo fue por una relación de amistad con el Gobierno de México: se proyectó un programa de infraestructura hídrica a partir del uso del agua que se podría arrebatar a los mexicanos”.

La principal muestra de esa tesis es el beneficio de infraestructura eléctrica que hoy permite a algunas localidades norteamericanas, como la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, que gozan de energía eléctrica a partir de represas que se alimentan con el agua que se reclama en deuda cada cinco años al Gobierno de México.