CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la constitucionalidad de la pena de cárcel a quienes se dediquen al robo de hidrocarburos.
Mediante una sentencia emitida por la Primera Sala de la Corte el 3 de mayo pasado, los ministros negaron el amparo a cinco personas detenidas en Guanajuato en 2012 por ordeñar más de 28 mil litros de diesel de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en dicha entidad.
A pesar de que el fallo no ha sido publicado, fuentes judiciales confirmaron que el criterio utilizado por la Corte establece que la ley sanciona a quien posea o resguarde petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de manera ilícita, lo que resulta lo suficientemente claro y preciso sin prestarse a confusión para el destinatarios.
“Las conductas relacionadas con hidrocarburos originalmente las tiene el Estado y, al no contar con la autorización de éste o sus subsidiarios para poseerlo o resguardarlo, se da el ilícito”, indica el criterio que ha sido utilizado en los demás casos que ha recibido la Corte sobre robo de hidrocarburos.
Celebra fallo. Pemex celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una pena de ocho años de prisión para cinco personas dedicadas al robo de combustible.
De acuerdo con la empresa productiva del Estado, esta resolución se dio tras varios años de litigio, luego de que los señalados fueron sorprendidos cuando sustraían hidrocarburo de ductos propiedad de la empresa petrolera en Guanajuato.
“Este fallo representa un avance en el combate al robo de combustible, ya que sienta un importante precedente judicial para sancionar este delito”, destacó Pemex por medio de un comunicado.
Asimismo, refrendó su compromiso para enfrentar una problemática que constituye un grave riesgo para la vida de las personas, afecta a las comunidades y el medio ambiente y daña el patrimonio nacional.
Pemex aseguró que, para afrontar este problema, continuará el trabajo de forma estrecha con los gobiernos de los estados, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con las procuradurías General de la República (PGR) y Federal del Consumidor (Profeco).
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