CD. DE MÉXICO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó desempolvar los asuntos sobre el fuero militar y la militarización de la seguridad pública, algunos de los cuales datan de 2016.
En sesión privada, los 11 ministros encabezados por el presidente del Tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declararon resolver, de manera prioritaria, cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión relacionados con la regulación de la Guardia Nacional, normas penales militares y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Aunque no precisaron fechas, los ministros de la Suprema Cote de Justicia de la Nación determinaron que se actualizaba el supuesto de urgencia en atención al interés social o al orden público en los recursos promovidos desde hace años por legisladores, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El Máximo Tribunal del país señaló que en los asuntos pendientes se impugnan diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el acuerdo que dispone de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública.
Entre los recursos que serán analizados por los ministros, se encuentran las acciones de inconstitucionalidad presentadas en 2016 y 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la ampliación del fuero militar y la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, así como la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Asimismo, someterán a revisión la acción de inconstitucionalidad que 49 senadores de distintos partidos políticos presentaron contra la reforma que avala el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detenida al momento por diversos amparos que interpusieron un grupo de organizaciones de la sociedad civil.
Las tres controversias constitucionales con número de expediente 85/2020, 87/2020 y 91/2020, pendientes de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron promovidas por los gobiernos de Colima, Michoacán, la Cámara de Diputados y el municipio de Arteaga, en el estado de Aguascalientes, contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024.
Cabe recordar que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la controversia constitucional promovida por la expresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, contra el llamado acuerdo militarista, al considerar que el presidente López Obrador ejerció una facultad emanada del artículo quinto transitorio de la reforma de la Guardia Nacional del año 2019, por lo que no violó la división de poderes.
Los ministros afirmaron que el acuerdo presidencial está fundado y motivado, puesto que cumple con el referido artículo y respeta los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diversos casos contra México.
El artículo quinto transitorio establece que el Presidente de la República puede hacer uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública durante un periodo de cinco años —que vence en 2024— de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, mientras que la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades operativas.
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