Matan a 13 policías municipales en Guerrero; fiscalía ordena a su personal “no presentarse”

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GUERRERO.- Trece policías del municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, fueron asesinados este lunes. Entre ellos está el secretario de la corporación Alfredo Alonso López y el director de la policía, Honorio Salinas Garay.

La masacre ocurrió en el poblado El Papayo, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 12:30 horas, cuando el convoy de la Policía de Coyuca de Benítez pasaba por El Papayo, fue emboscado por hombres armados.

Hasta el cierre de la edición no había una versión oficial sobre cómo ocurrieron los hechos. Lo que sí hubo fue la difusión de fotografías donde se observa que los agentes resultaron asesinados.

Una de las versiones indica que el convoy de la Policía de Coyuca de Benítez fue emboscado, ahí mataron a seis agentes y a los otros siete se los llevaron.

Los siete aparecieron muy cerca de ese lugar ejecutados. En las fotografías que fueron difundidas en redes sociales, se observa que cinco elementos, entre ellos una mujer, están tirados en un montón de arena, boca abajo; la mayoría tiene las manos hacia atrás esposadas.

En otra imagen se puede ver a tres agentes amontonados en una esquina de lo que parece una casa. Otros tres elementos están tirados en una franja de tierra pegados sobre la carretera.

Uno más está tirado casi debajo de una patrulla. Como ocurre en estos hechos, tras el crimen llegaron a resguardar la escena policías estatales, elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como agentes de la Policía Ministerial.

El alcalde de Coyuca de Benítez, el morenista Osiel Pacheco Salas se negó a hablar sobre la masacre.

En julio de 2022 fue asesinado el exdirector de la Policía de Coyuca de Benítez, Román Soto Gatica, quien había dejado el cargo para ser el jefe de seguridad del alcalde.

Hasta el 31 de octubre de 2022 la Policía de Coyuca de Benítez contaba con 180 agentes, según información del portal Costa Brava, propiedad de Osiel Pacheco.

De acuerdo con reportes oficiales, la parte colindante entre Coyuca de Benítez y Acapulco es una zona en disputa entre las organizaciones criminales de Los Granados y La Familia Michoacana, la cual en los últimos meses se ha expandido a sangre y fuego en distintos puntos del estado.

Este lunes, Guerrero vivió un día violento con al menos 20 homicidios. En Chilpancingo fue asesinado el profesor Rigoberto Acosta González, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Acosta González fue uno de los principales promotores de que se declarara la Sierra como una octava región en Guerrero y fungió como secretario de Desarrollo Rural en el gobierno interino que encabezó Rogelio Ortega Martínez.

Por la mañana en la colonia Eduardo Neri, también en Chilpancingo, fue asesinado un joven que iba en una motocicleta.

En Iguala, afuera del mercado central, fue asesinado el chofer de un taxi; en el ataque también murió una señora que vendía tamales y otra resultó herida.

En la comunidad de Tlayolapa, en el municipio Juan R. Escudero, a las siete de la mañana de este lunes fueron halladas cuatro bolsas negras con restos humanos.

El reporte policiaco indica que los restos pertenecen a tres cadáveres que fueron mutilados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ordenó a su personal administrativo en la región de Tierra Caliente no presentarse a trabajar “hasta una nueva orden” por la situación de violencia.

Tierra Caliente tiene una fiscalía regional y una agencia del Ministerio Público en el municipio de Coyuca de Catalán y una agencia en San Miguel Totolapan, la cual se creó tras la masacre de 23 personas —incluido el alcalde Conrado Mendoza Almeda— ocurrido el 5 de octubre de 2022.

Hace un año, la fiscalía inició una persecución contra los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana en la región.

En este tiempo, la dependencia ha hecho detenciones y el aseguramiento de 14 automóviles, algunos de lujo, presuntamente propiedad de los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de dicho grupo criminal.

La Familia Michoacana ha respondido con violencia. El 20 de septiembre pobladores, con maquinaria pesada, demolieron un edificio en el municipio de Arcelia que era agencia del Ministerio Público.

El 9 de septiembre fue asesinado el fiscal regional, el mayor de justicia militar del Ejército, Víctor Manuel Salas Cuadras. El 21 de agosto, un comando armado privó de su libertad a la titular de la agencia del Ministerio Público, Jaquelín González Salgado, en Coyuca de Catalán. Fue liberada 31 horas después.

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