El Gobierno de Gambia ha anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), siguiendo las decisiones similares de Sudáfrica y Burundi, tras acusar al tribunal de La Haya de “perseguir a los africanos”.

“Desde hoy, martes 25 de octubre, no somos miembros de la CPI e iniciamos el proceso prescrito por el estatuto para retirarnos”, dijo el ministro de Información, Sheriff Bojang, en una declaración a la televisión estatal difundida anoche.

Mientras la corte se centra en perseguir a los dirigentes africanos, “al menos 30 países occidentales han cometido crímenes de guerra desde la creación de la CPI”, denunció el ministro gambiano.

La decisión supone un revés personal para la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, de nacionalidad gambiana y quien fue ministra de Justicia del gobierno del presidente de este país, Yahya Jammeh.

El presidente de la Asamblea de Estados partes del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba, animó el pasado lunes a abrir un diálogo para examinar las críticas a la CPI formuladas por los países africanos.

Sudáfrica justificó su decisión al asegurar que la CPI está “en conflicto” con su ley nacional de inmunidad diplomática y, además, afecta negativamente a sus relaciones internacionales.

La semana pasada el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, también firmó la retirada del tribunal, que investiga la violencia política que se desató en el país en abril de 2015, cuando el mandatario anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución.

Gambia, pequeño país de dos millones de habitantes enclavado en el territorio de Senegal, está dirigido con mano de hierro por Jammeh desde 1994.

ONG y la comunidad internacional acusan a su régimen de graves abusos contra los derechos humanos, como desapariciones forzosas, represión a la libertad de expresión y a los defensores de los derechos humanos.