TAMAULIPAS.- La firma Cajas Graf recibió tres contratos para suministrar material electoral; el organismo estatal rechaza irregularidades en las adjudicaciones.
Una empresa proveedora de materiales electorales, mencionada en las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), obtuvo contratos por más de 34 millones de pesos del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).
Se trata de Cajas Graf, S.A. de C.V., que entre octubre de 2021 y marzo de 2022 recibió tres contratos relacionados con la organización de procesos electorales, incluido el de la gubernatura de Tamaulipas. Las adjudicaciones sumaron aproximadamente 34 millones 37 mil 860 pesos.
¿Cuánto dinero recibió la empresa del IETAM?
Los registros de contratación identificados señalan que Cajas Graf obtuvo un primer contrato por 14 millones 587 mil 401 pesos mediante licitación pública en 2021.
Posteriormente, durante 2022, recibió otro por 2 millones 480 mil 675 pesos, mediante invitación a cuando menos tres proveedores, y uno adicional por 16 millones 969 mil 783 pesos, también mediante licitación pública.
Los recursos se destinaron a la adquisición de materiales utilizados en los procesos electorales organizados por el instituto tamaulipeco.
¿Por qué la Auditoría Superior investiga a proveedores electorales?
La ASF inició una investigación de oficio relacionada con posibles conflictos de interés, irregularidades en contrataciones y triangulación de recursos públicos vinculados con el INE y proveedores de materiales electorales.
Entre las empresas mencionadas se encuentra Cajas Graf, cuyos contratos han generado cuestionamientos por presuntos vínculos entre empresarios y funcionarios electorales.
Sin embargo, la investigación federal no demuestra por sí misma que existieran irregularidades en los procedimientos realizados por el IETAM.
¿Qué respondió el Instituto Electoral de Tamaulipas?
El consejero presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, rechazó que existieran proveedores favorecidos o irregularidades en las contrataciones realizadas por el organismo.
Aseguró que los procedimientos de compra están sujetos a controles administrativos y a la revisión de las instancias fiscalizadoras correspondientes.
También sostuvo que el instituto no tenía conocimiento de una investigación específica de la ASF sobre las adjudicaciones realizadas en Tamaulipas.
El caso cobra relevancia ante la preparación de las elecciones de 2027, cuando el organismo electoral deberá realizar nuevas adquisiciones de materiales y equipo, en medio de mayores exigencias de transparencia y vigilancia del gasto público.
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