TAMAULIPAS.- El Tribunal de Disciplina Judicial de Tamaulipas investiga la actuación de una jueza civil, luego de una queja por el despojo de una camioneta que Mayela de Jesús Carranco Narváez asegura es de su propiedad.
La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López, confirmó que se presentó una queja y que se practicó una auditoría al expediente para revisar el desarrollo del proceso.
“Se ha presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina, instancia que precisamente tiene ese propósito, se está haciendo la investigación, se ha hecho la auditoría en el expediente”, declaró.
La investigación involucra a la jueza Liliana Raquel Peña Cárdenas, jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, así como al secretario de acuerdos, Anastacio Martínez Melgoza.
De acuerdo con Contreras López, el Tribunal de Disciplina Judicial ha emitido más de 300 determinaciones durante su primer año de funcionamiento, asegurando que la gran mayoría de las quejas resultan infundadas.
“En su mayoría se declaran infundadas, en su mayoría; cuando hay elementos por supuesto, procede el Tribunal de Disciplina Judicial; alrededor de ocho de cada 10 se determinan infundadas”.
La queja se relaciona con una disputa por una camioneta Jeep Wagoneer que Carranco Narváez atribuye a presuntas maniobras de su ex esposo, Ricardo Azael “C”, para quedarse con la unidad.
La denunciante cuestiona la autenticidad de documentos presentados durante el procedimiento judicial, entre ellos un endoso en la factura original que, afirma, contiene una firma que no reconoce como propia.
De acuerdo con su versión, los documentos presentados ante el juzgado sustentaron una orden para localizar y detener el vehículo, acción que, aseguró, fue ejecutada el pasado 15 de octubre en una agencia automotriz.
Carranco Narváez también señaló al notario público Claudio “D” y cuestionó la supuesta dispensa de una garantía económica que, según su planteamiento, habría dejado desprotegidos sus intereses ante posibles daños derivados de la medida judicial.
La arquitecta afirmó que desde hace casi seis meses enfrenta problemas legales y personales que atribuye a su expareja, entre otros presuntos fraudes, amenazas, violencia vicaria e incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Aseguró que tampoco ha podido ingresar a la oficina donde tenía su estudio de arquitectura, situación que limita sus posibilidades de retomar su actividad profesional.
En cuanto a la denuncia de fraude, explicó que ella también es copropietaria de una de las empresas, pero su ex pareja no le rinde informes y las cuentas bancarias de las que ella firmaba como representante legal, fueron canceladas.
“No se me informó qué se estaba haciendo con los recursos de la empresa, actualmente no cuenta con recursos y quiero que me esclarezca qué se hizo con los bienes de la empresa”.
Indicó que tiene tres hijos, de 13, nueve y un año, cuyo cuidado está a su cargo, pero dejó de recibir la pensión alimenticia, lo que ha complicado la situación económica de su familia, “no estoy recibiendo pensión; tengo más de seis meses que me detuvo la pensión”.
“Pido que se investiguen posibles omisiones, actuaciones parciales o actos de corrupción”, expresó.
Carranco dijo que busca recuperar la tranquilidad, volver a ejercer su profesión y garantizar que sus hijos crezcan en un entorno seguro, “hay días en los que siento miedo y cansancio. Intento darle seguridad a mis hijos mientras yo también necesito protección”, declaró.
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