TENNESSEE.- Como parte de las estrategias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir la migración ilegal a su país, diversos estados han intensificado sus leyes contra extranjeros que habiten de forma ilegal. Tal es el caso de Tennessee, donde, desde el 1 de julio comenzó a aplicarse una ley que convierte en delito dar refugio o ayuda a personas que no tienen documentos migratorios; una iniciativa que ha generado debate entre la comunidad migrante y activistas.
La nueva legislación fue aprobada bajo el nombre de Ley 392 del Senado y establece una multa de mil dólares por cada persona indocumentada que se albergue. Según el texto legal, cualquier persona que ayude, oculte, o dé alojamiento a un migrante que se encuentre en el país sin autorización, estaría cometiendo un delito. La legislación contempla que las penas se aplicarán incluso si no existe una intención directa de ocultar a los migrantes.
La preocupación de esta nueva ley ha llegado a cientos de personas y también a las iglesias, organizaciones benéficas y activistas que han ofrecido ayuda a migrantes por razones humanitarias o familiares. Puesto que personas estadounidenses que tengan sus documentos en regla ahora también estarán en riesgo en caso de que quieran darle asilo a un familiar que no tenga documentos de migración. También hay propietarios de vivienda que han alquilado casas, o departamentos, a personas sin estatus legal y ahora se preguntan si podrían ser castigados por esa decisión.
Habitantes del estado temen
Tras la aprobación de la ley, el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América presentó una demanda argumentando que la ley viola derechos protegidos por la Constitución, como la libertad religiosa y la libertad de asociación. En la demanda se explican varios ejemplos, como el de una iglesia que durante más de un año ofreció refugio a solicitantes de asilo venezolanos. También se menciona una casa propiedad de la iglesia que fue utilizada para dar albergue temporal a refugiados, sin que se les pidieran documentos.
Por su parte, los impulsores de la ley en el Congreso de Tennessee han tratado de aclarar que no se busca perseguir a familiares que viven con personas indocumentadas, sino sancionar solo a quienes reciben un pago o algún beneficio a cambio de dar alojamiento. Sin embargo, los habitantes del estado acusan que la ley es muy ambigua y aseguran no tener claro cómo funcionará, ni en qué casos existirá una penalización de hasta mil dólares (cerca de 20 mil pesos mexicanos).
Presentan denuncia contra la nueva ley en Tennessee
Las penas incluyen multas económicas para quienes renten a migrantes. Foto: freepik.
La Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) ha sido una de las organizaciones más activas en oponerse a la medida. Su directora legal, Spring Miller, explicó, a medios en Estados Unidos, que esta ley no representa una solución a los problemas reales de seguridad o bienestar, sino una herramienta para ejercer control a través del castigo. Desde su punto de vista, no es una política equivocada por accidente, sino una estrategia pensada para generar sufrimiento a quienes ya enfrentan una situación vulnerable.
Otras instituciones que se unieron a la demanda son el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown y el Consejo Americano de Inmigración. El caso se presentó ante un tribunal de distrito en Tennessee, donde se espera que un juez determine si la ley puede seguir aplicándose o si viola derechos fundamentales de la ciudadanía.
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