Al menos 645,7 millones de pesos (unos 35 millones de dólares) desaparecieron del erario del estado mexicano de Veracruz en 2012 y 2013, a través de contratos otorgados por el Gobierno de Javier Duarte a empresas fantasma, reveló hoy un medio digital.
Según la investigación periodística, que fue calificada hoy de “falsa” por el Gobierno de Duarte, en 2010 se seleccionó a promotores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se usaron sus firmas para crear nuevas empresas a las que se les asignó un falso domicilio fiscal sin que este fuera revisado.
A continuación, las compañías se registraban como proveedores del Gobierno y vendían todo tipo de productos bajo el mando de un grupo de funcionarios cercanos al titular del Ejecutivo estatal que se aseguraban ganar los contratos en disputa.
En esta red de corrupción se fingía la compra de productos que debían distribuirse en zonas populares, pero tras obtener el dinero, la empresa cerraba y los productos jamás llegaban a su destino, destapó el portal de noticias.
En estos dos años varios funcionarios firmaron 73 contratos para adquirir y distribuir bienes que no consta que fueran entregados e iban destinados a personas en situación de pobreza, damnificados de desastres naturales, niños y ancianos.
Las secretarías de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz fueron las responsables de firmar estos contratos con 21 empresas.
Además, 12 compañías fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están situadas en un mismo barrio.
Asimismo, los funcionarios implicados formarían parte de un pequeño grupo de confianza de Duarte y habrían ocupado cargos mayores y tesorerías en las principales dependencias públicas, si bien la mayoría ya fueron relevados y están involucrados en otros casos de corrupción.
Vicente Benítez era Tesorero en la Secretaría de Finanzas cuando, en enero de 2012, la Policía Federal decomisó una maleta con 25 millones de pesos (1,35 millones de dólares) en efectivo que llevaban dos funcionarios de su institución, lo que le empujó a renunciar.
El Gobierno de Duarte negó irregularidades en los contratos a proveedores y destacó que las empresas mencionadas “siguen activas, declarando impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y en el momento de su contratación contaban con la documentación necesaria para participar en una licitación estatal”.
