GUANAJAUATO.- Activistas sociales de Guanajuato y Aguascalientes advirtieron que el retiro del subsidio a los refugios para mujeres violentadas pone en riesgo la vida de las víctimas de violencia feminicida y de trata de personas.
Las lideresas del Grupo Unido de Madres Solteras de Guanajuato, Norma Nolasco Acosta, y del Observatorio Ciudadano de Violencia de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila Marmolejo, expresaron una “gran preocupación” por la eliminación de recursos a los espacios creados para las mujeres “que están en peligro de muerte”.
Nolasco, integrante de la Red Nacional de Refugios, comentó que este organismo hará un posicionamiento ante la decisión que tomó el Gobierno Federal en contra de los espacios de seguridad para las mujeres que sufren violencia.
Anticiparon una lucha legal y social.
“Antes de un tema de recursos, debe estar ante todo la vida de las niñas, y las mujeres y sus hijas e hijos”, dijo Mariana Ávila.
Norma Nolasco señaló que una mujer víctima de violencia llega temerosa a pedir ayuda porque ha sido amenazada de muerte, intimidada con alguna arma de fuego, brutalmente golpeada o su pareja pertenece a la delincuencia organizada y tanto su vida como la de sus hijos corren riesgo.
“Llega con nosotras a la oficina y lo primero que hacemos es brindarle contención y el apoyo emocional para que se sienta protegida, la segunda fase es enviarla al refugio, a un lugar donde se sienta protegida, segura, donde nadie la va a poder localizar, y estará física y emocionalmente atendida para que pueda manejar el proceso jurídico”, dijo.
Las lideresas sociales coincidieron que con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de quitarle la ayuda económica a los albergues, se genera incertidumbre, se vulneran los espacios necesarios por la violencia hacia niñas y mujeres que se viven todos los días en el país.
Hay una violación a los derechos humanos, a la Constitución, convenciones y tratados internacionales y a la recomendación “Campo algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidieron.
“Es una política carente de análisis social, de valoración del impacto de los esfuerzos no institucionales, que se originan desde la sociedad civil por los grandes vicios del gobierno, al paso de las administraciones públicas”, matizó Ávila.
La decisión gubernamental contraviene la Convención para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en cualquiera de sus Formas, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, del acuerdo de Beijín de 1995, para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y de la ley que crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la PGR, mencionaron las activistas.
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