GUERRERO.- La muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante normalista quien perdió la vida presuntamente por disparos de la policía de Guerrero en Chilpancingo el jueves pasado, pudo estar relacionada con su participación en la protesta del Palacio Nacional donde normalistas derribaron una de las puertas de entrada, sugirió Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En entrevista con el periodista guerrerense Arturo de Dios Palma, corresponsal de El Universal, el abogado expresó que es fundamental que se agregue esta línea de investigación al expediente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Confirmó que el joven participó en la protesta del pasado miércoles en Palacio Nacional, en la que fue impactada una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra la puerta de la calle de Moneda.
En ésta se exigió que el presidente López Obrador se reuniera con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Rosales afirmó que Yanqui Kothan Gómez le envió una fotografía de la protesta a uno de sus familiares acompañada del texto “Aquí estoy yo”.
El abogado señaló la coincidencia entre la presencia de Yanqui en la protesta y su posterior muerte, subrayando que la situación se volvía más intrigante dado que la policía estaba al tanto de la presencia de estudiantes en una camioneta tomada, pero aun así procedieron con violencia.
“Yo sí creo importante es que se investigue esta línea, no se quede por fuera, que también sea motivo de una indagatoria para deslindar responsabilidades plenamente, porque no vaya a ser que tenga alguna relación. Es muy coincidente que un día antes él haya estado en primera línea de la protesta, con todas las tensiones que se generaron posteriormente, y al día siguiente en una circunstancia que ni siquiera era un operativo lo hayan asesinado. Era una camioneta que había sido tomada por los estudiantes y el gobierno del estado sabía que esa camioneta estaba en poder de estudiantes, si es que la miraron a través del C4, sabían que eran los estudiantes, y aun así los atacaron”, declaró Rosales al citado medio.
Además, reveló que el gobierno inicialmente se negó a entregar videos del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) a la Fiscalía General del Estado, lo que podría haber proporcionado evidencia crucial sobre lo ocurrido en Chilpancingo el día de su muerte. Asimismo, señaló que un dictamen de balística indica que los normalistas no realizaron disparos, y cuestionó la veracidad del arma supuestamente encontrada en la escena del crimen.
Afirmó que la falta de casquillos asociados al arma y la ausencia de evidencia que respalde las afirmaciones de la policía levantan serias dudas sobre la versión oficial de los hechos.
“Dicen que encuentran una pistola .22 dentro —que seguramente fue sembrada—, pero no se encuentra ningún casquillo asociado a la pistola, ningún casquillo percutido en la zona ni en la camioneta ni en la escena inmediata”, dijo el abogado.
Rosales Sierra también instó a investigar a las autoridades que apoyaron esta versión, lo que incluye al secretario general de Gobierno y al secretario de Seguridad Pública de Guerrero.
Dijo que la postura del presidente López Obrador, quien prometió castigo a los responsables, se traduzca en acciones concretas que eviten la impunidad y se finquen responsabilidades a todos los involucrados, tanto directa como indirectamente.
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