CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 73 años Maximino Rodríguez llegaba a las escenas del crimen de manera temeraria, con libreta y pluma en mano. Lanzaba preguntas a cuanto testigo se le cruzara en medio de cualquier madrugada sangrienta. Si no lo dejaban pasar a la zona acordonada pedía permiso en las casas aledañas para treparse y tener acceso. Miraba desde las alturas y fotografiaba. Sus palabras se convirtieron no sólo en las más críticas contra la violencia y hacia el gobierno de Baja California Sur (BCS), sino en las más confiables para los ciudadanos.
Max, como le llamaban sus amigos, estaba jubilado y volvió a la escena periodística en 2015, año en que el crimen organizado se desató: comandos con armas largas balaceándose, así como espacios familiares y turísticos impregnados de plomo. Él no necesitaba fuentes policiacas o radiofrecuencias, los avisos llegaban de los pobladores al blog ciudadano Colectivo Pericú. Su pluma era filosa, al grado de señalar células y operadores de cárteles de la droga.
En abril de 2017 lo asesinaron. Como ha sucedido en tiempos recientes a otros sudcalifornianos. La narcoviolencia ya dejó altos saldos: estudiantes, turistas, reporteros e incluso un bebé muertos.
Violencia nunca antes vista
Hace una semana, en los municipios de San José del Cabo y en la capital, La Paz, se suscitaron 12 ejecuciones, la misma cantidad que se registró en todo BCS en 1990. De forma simultánea, habitantes de esta región ubicada en el noroeste salieron a marchar para exigir “un alto a la delincuencia organizada y la reacción inmediata del gobierno local y federal”.
En 2010, época de la llamada “guerra contra el narco”, el número de homicidios empezó a subir, pero no rebasaba el centenar de casos.
Ya en la actual administración del gobernador panista Carlos Mendoza Davis, los homicidios —sobre todo dolosos— se incrementaron más de 300%.
De enero a septiembre de 2017 se contabilizaron 451 casos, según cifras oficiales. Año sangriento, teniendo como antecedente, al inicio [en enero], la extradición de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, lo que desembocó en un posible reacomodo de organizaciones criminales.
El ex diputado sudcaliforniano y empresario Víctor Martínez de Escobar advirtió en 2016, en entrevista con EL UNIVERSAL, que con su extradición aumentaría la violencia. “Estamos viviendo una situación caótica jamás vista. Va a ser el estado más violento en relación con sus habitantes. […] Con el Congreso no se cuenta absolutamente para nada, como ciudadano he presentado dos pronunciamientos para organizar un foro y tener un diagnóstico exacto de la situación, pero no hay contestaciones”.
Así fue. En enero de 2017 el narcotraficante mexicano fue trasladado a Estados Unidos, donde aún espera ser juzgado; no obstante, los 10 meses siguientes fueron los más sangrientos en la historia de la entidad.
“Nos hemos visto afectados por la escalada de la violencia. No hay presencia disuasiva, mucho menos operativa para contener y combatir la escalada de la violencia. Las zonas turísticas doradas están muy bien resguardadas por las fuerzas federales, el resto [de las zonas] que somos simples mortales no gozamos esa condición, a la federación sólo le interesa la fuente de ingresos”, apunta el abogado especializado en derechos humanos Arturo Rubio.
Al cierre de la edición, el gobierno de BCS no respondió a la solicitud de entrevista por parte de este diario para conocer su postura al respecto.
Cifras históricas: la escalada
El periodista Max Rodríguez fue ejecutado dentro de su automóvil, en el estacionamiento de un centro comercial de la capital. Desde una pick-up abrieron fuego cuatro sicarios. La procuraduría local estableció que las armas utilizadas fueron las mismas que se emplearon para privar de la vida a un comandante estatal y dos agentes ministeriales. El reportero que destacó en cobertura de nota roja ya forma parte de la estadística criminal más alta en la historia de BCS.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la entidad acumuló 126 carpetas de investigación por el delito de homicidio en 2014. Un año después, en 2015, fueron 226, luego 281 y para septiembre de 2017 se registraron 451 casos.
En octubre [por concluir], según los diarios locales, los homicidios alcanzaron 90 registros, lo que significa que es el año y el mes más elevado. De 2014 a 2017 el aumento alcanzó 358%.
“Esto no es un problema reciente, es una escalada natural de una situación que hemos estado evidenciando desde hace ocho años. Es falta de prevención del gobierno en turno, la seguridad nunca ha sido prioridad para el gobierno estatal… en 2008 éramos el estado más seguro de la República Mexicana, teníamos el índice de delitos violentos más bajo, entre ellos el de homicidio”, destaca Arturo Rubio.
En la década de los 90 la cifra promedio eran entre 20 y 30 casos por año. Cuauhtémoc Morgan, director del Colectivo Pericú, dice: “Aquí no conocíamos de personas que se dedicaran a cometer homicidios de esta naturaleza y relacionados con el crimen organizado”.
Lucha entre cárteles
Tres días antes de ser ejecutado a sangre fría en el estacionamiento de un centro comercial, Max Rodríguez redactó su última columna “Es mi opinión”, que publicaba en el blog del Colectivo Pericú. En ese mismo sitio digital ya había recibido amenazas de muerte, pero fiel a su oficio reporteril continuó denunciando las tropelías cometidas por la delincuencia organizada en Baja California Sur.
En su último texto, el reportero de 73 años señalaba a un grupo criminal liderado por David González Payán, alias El Colores, como el que sembraba terror en las calles paceñas, así como la participación de sus subalternos en diversos crímenes cometidos en La Paz, Los Cabos y Loreto. No quedarse callado le costó la vida. Su espacio en el blog lo había dedicado a denunciar la escalada de crímenes violentos que se vive en toda la entidad desde hace varios años, ocasionada, según fuentes locales, por una posible pugna que mantienen integrantes del Cártel de Sinaloa y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El reacomodo del Cártel de Sinaloa, que provocó la captura y posterior extradición de El Chapo Guzmán, hizo mella en territorio sudcaliforniano y generó un vacío de poder criminal en un territorio que históricamente tuvo presencia de dicho grupo. La ausencia del célebre capo sinaloense en la estructura criminal buscaría ser aprovechada por otros grupos.
A punta de bala
EL UNIVERSAL documentó también el año pasado que el reporte Áreas de influencia de las organizaciones criminales en México, elaborado por la Administración Antidrogas de EU (DEA), detallaba que en 2014 el CJNG no tenía control en ninguna entidad. No obstante, para 2015 tenía bajo su control a Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí.
A decir de Cuauhtémoc Morgan, tiene sentido que el recrudecimiento de la violencia esté conectada con la situación legal de El Chapo.
“Esa disputa por los espacios de poder dentro del Cártel de Sinaloa y algunos otros que aprovechan las etapas de confusión o que las ven como espacios de debilidad para tratar de imponer su ley a punta de bala”.
Por tratarse de uno de los puntos turísticos más concurridos por sus vacacionistas, la crisis de seguridad en BCS no pasó inadvertida para el gobierno estadounidense. En su última “alerta de viaje a México”, emitida en agosto, las autoridades recomendaron a sus ciudadanos tomar precauciones si acudían a siete entidades, incluidas Baja California y Baja California Sur.
Gremio amenazado
Desde hace un par de años relatar los cruentos asesinatos, cada vez más frecuentes en Baja California Sur, se volvió el principal trabajo para los reporteros locales. Sin embargo, la muerte de Max Rodríguez no fue tomada como una más. Viejo lobo de mar en el oficio y “principal crítico de la violencia en el estado”, su muerte afectó fuerte dentro del gremio, en especial a aquellos reporteros de nota roja a quienes pudo conglomerar para exigir derechos frente a los abusos policiales. Con su muerte, el miedo se extendió entre los reporteros locales.
“Los sucesos ocurren y los compañeros vamos y a veces con el temor”, cuenta una reportera que prefiere el anonimato por posibles ataques.
“Para nosotros fue un golpe muy duro como asociación, pero decidimos seguir a pesar de todo eso, informando en tiempo real y aquí estamos”, relata Cuauhtémoc Morgan, cuya organización continúa recibiendo amenazas de grupos criminales. Apenas el martes de esta semana desplegaron una narcomanta en su contra.
“Está tan revuelto esto que ya no se sabe contra quién está peleando o quién está cometiendo estos homicidios”, expresa Morgan.
“¿Quiénes son los que están peleando? no hay manera de corroborar aquí oficialmente […] no hay realmente una radiografía de las células delictivas [que están operando], el gobierno estatal se echó a dormir con la llegada de la Gendarmería con los empresarios de Los Cabos”, cuestiona otro reportero local que también prefiere resguardar su identidad a causa de la inseguridad.
A raíz del asesinato de Max Rodríguez y orillados por la situación, todos los integrantes del Colectivo Pericú se acogieron al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, toda vez que colaboran con autoridades locales en las investigaciones sobre el homicidio, así como en el origen de las amenazas.
Hasta el cierre de edición, los cuatro autores materiales estaban a la espera de ser llamados a la audiencia de vinculación, pero nada se sabe del autor intelectual.
Mientras tanto, las calles del estado que fuera la joya de la corona del turismo nacional cada vez se asemejan más a una tierra sin ley.
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