El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, volvió a plantear hoy la reinstauración de la pena de muerte en el país, al hablar en una multitudinaria marcha contra el fallido golpe de Estado del 15 de julio celebrada en Estambul.
“Si (el pueblo) llega a una decisión de ese tipo, creo que los partidos políticos se ajustarán a ella”, señaló el mandatario en la marcha que se llevó a cabo en el distrito de Yenikapi, junto al mar de Mármara, en la zona europea de la ciudad.
“Lo digo desde ya: ratificaré una decisión de este tipo del Parlamento”, aseguró ante cientos de miles de personas.
Según la agencia estatal de noticias Anadolu, en la marcha participaron unas cinco millones, aunque algunos asistentes consideraron que la cifra era algo exagerada y hablaron de cerca de un millón.
El presidente turco volvió a hacer referencia a que fuera de la Unión Europea (UE) “la gran mayoía” de los países cuenta con la pena de muerte. La UE anunció que suspendería las negociaciones con Turquía para su ingreso al bloque si el país reinstaura la pena capital, abolida en 2004.
Erdogan agradeció la presencia de la oposición en la llamada “marcha de la democracia y los mártires”, la mayor manifestación desde el pasado 15 de julio, cuando el golpe militar fracasó en parte gracias a que los ciudadanos tomaron las calles y bloquearon el paso a los soldados.
A la marcha asistieron el líder opositor Kemal Kilicdaroglu, del Partido Popular Republicano (CHP, centro-izquierda), y el jefe del ultranacionalistas MHP, Devlet Bahceli.
El pro kurdo Partido Democrático Popular (HDP), tercera fuerza del país, no fue invitado. Erdogan lo acusa de estar vinculado al prohibido Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
El primer ministro, Binali Yildirim, prohibió que se llevaran banderas políticas a la marcha, para lograr una convocatoria más allá de los partidos políticos. En las imágenes televisivas se vio un mar de banderas turcas.
Además, el jefe de Gobierno agradeció a Kilicdaroglu y Bahceli por su apoyo durante y después del intento de golpe.
Desde el comienzo, todas las formaciones parlamentarias se opusieron al intento de golpe de Estado, que causó al menos 260 muertos e hizo que el Gobierno declarara el estado de emergencia.
No obstante, los tres partidos opositores manifestaron su preocupación puesto que no se les informó de los planes de reformar estructuralmente las fuerzas armadas, entre otros sometiéndolas a mayor control civil.
Algunos opositores y organizaciones como Aministía Internacional también mostraron su preocupación por las violaciones de derechos humanos y abusos de poder cometidos en las últimas semanas.
Según datos del Gobierno, más de 60 mil funcionarios han sido suspendidos o cesados por su supuesto apoyo al clérigo Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos y a quien las autoridades acusan de instigar el golpe. Gülen lo niega.
Además, unos 20 mil profesores han perdido su licencia y más de 25 mil personas han sido detenidas, entre ellas más de 13 mil bajo arresto formal. Las autoridades turcas exigen la extradición de Gülen, pero hasta ahora no lo han pedido oficialmente a Estados Unidos.
