LONDRES.- El actual director y portavoz del portal WikiLeaks, Kristin Hrafnsson, pidió este miércoles continuar la lucha para conseguir la liberación de Julian Assange y aseguró que la Fiscalía, en nombre de la Justicia de EE.UU., no aportó “nada nuevo” en el proceso contra el periodista australiano.
Hrafnsson habló ante numerosos seguidores de Assange ante el Tribunal Superior de Londres, donde este miércoles empezó la segunda y última vista judicial que debe decidir sobre la extradición del periodista a EE.UU., país que le reclama por supuestos delitos de espionaje e intrusión informática a través del portal WikiLeaks.
Insistió en que quienes apoyan a Assange escucharon “ya antes” la posición de la Fiscalía, que este miércoles presentó sus argumentos, y que éstos ya habían sido refutados en el pasado.
Lo importante de la vista de hoy es que los dos jueces “han prestado atención e hicieron preguntas, pero tal vez porque vosotros estáis aquí”, apoyando a Assange, añadió Hrafnsson.
“Gracias por venir aquí. Liberad a Assange ahora”, gritó el director y portavoz de WikiLeaks a la multitud.
Asimismo, Stella Assange, esposa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, junto a Hrafnsson, calificó de “mentiras” los argumentos de la fiscalía y acusó a la Justicia de EEUU de tratar de “criminalizar el periodismo y la verdad”, y reiteró que el periodista australiano es un preso político.
Al término de la jornada de este miércoles, los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson decidirán si emiten un dictamen de inmediato o lo posponen a otra fecha.
La defensa del australiano, de 52 años, pide a los magistrados que le permitan recurrir partes de este caso que no abordaron en otro proceso en 2021, así como la orden de entrega firmada en abril de 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel.
Si acceden a la petición de Assange, se iniciaría un nuevo juicio de apelación en Inglaterra, que podría prolongarse en el tiempo.
Si se la deniegan, se activará el proceso de deportación a EE.UU., que le requiere por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, penados con hasta 175 años de cárcel.
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