ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema escuchó el jueves dos horas de argumentos históricos en un caso de Colorado para retirar al expresidente Donald Trump de la boleta electoral. Los jueces se mostraron muy escépticos ante el esfuerzo.
Es la primera vez que los votantes han tratado de bloquear a un candidato de la presidencia bajo una disposición constitucional alguna vez oscura posterior a la Guerra Civil que prohibía ocupar cargos a aquellos que “participaron en la insurrección”.
Algunas conclusiones de los argumentos:
En tono y tenor, las preguntas de los magistrados cuestionaron la noción de que un tribunal estatal puede expulsar de la boleta a un candidato presidencial por violar la Sección 3 de la 14ª Enmienda. Esa sección prohíbe ocupar cargos públicos a quienes participan en la insurrección.
El caso fue presentado por un grupo de votantes republicanos e independientes y por el estado de Colorado. Su argumento se basaba en la idea de que los estados tienen la capacidad de vigilar sus propias papeletas y prohibir a Trump por su papel en la violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El motín surgió de la negativa de Trump a aceptar los resultados de las elecciones. elección presidencial que el republicano perdió ante el demócrata Joe Biden.
Al otro lado de la división ideológica de la corte, hubo casi consenso en que los argumentos de Colorado eran erróneos.
La jueza Elena Kagan calificó la cuestión de determinar si alguien participó en una insurrección como “simplemente más complicada, más controvertida y más política”. Los jueces Samuel Alito, Brett Kavanagh y el presidente de la Corte Suprema John Roberts interrogaron a Jason Murray, el abogado de los demandantes, sobre qué impediría que otros estados citaran la Sección 3 para apuntar a políticos que no les agradan.
Murray presentó argumentos bien ensayados que triunfaron en la Corte Suprema de Colorado, cuyo fallo de 4-3 de que Trump no era elegible llevó el caso a Washington. Murray sostuvo que el motín del Capitolio fue un evento único en la historia y que los tribunales se asegurarían de que no se abuse de la disposición. Pero esa línea no pareció persuadir a los jueces.
La sección 3 presenta un dilema para los jueces, que se muestran reacios a tomar decisiones que reordenen las elecciones democráticas, especialmente sin un precedente. La disposición no detalla ningún procedimiento ni siquiera el significado de “insurrección”. Simplemente dice que cualquiera que participe en una no puede ocupar un cargo.
La mejor salida para el tribunal puede ser una mirada retrospectiva a un caso de 1869 conocido como el caso Griffin. Se trataba de un hombre de Virginia que argumentó que no podía haber sido condenado por un delito porque el juez que conoció su caso, como ex onfederado, estaba descalificado para ocupar su cargo en virtud de la Sección 3.
Salmon Chase, quien entonces era el presidente del Tribunal Supremo, escuchó el caso mientras actuaba como juez de apelación. Decidió que el Congreso tenía que crear un mecanismo para que la Sección 3 entrara en vigor. El Congreso lo hizo, pero la medida expiró en la década de 1940.
Los jueces preguntaron repetidamente sobre el caso de Griffin. Los abogados de Trump han argumentado que sigue siendo la única forma racional de aplicar la Sección 3. Chase había argumentado anteriormente que la Sección 3 entró en vigor automáticamente, por lo que los demandantes que buscaban descalificar a Trump sostuvieron que su fallo no era una buena ley. Pero esa línea argumental claramente no prevaleció.
Los demandantes querían que este caso se tratara del 6 de enero, no del caso de Griffin. Eso resume su problema.
Esperaban una afirmación de la Corte Suprema de que el expresidente participó en una insurrección y amenazó la Constitución con su campaña para permanecer en el cargo después de su derrota en 2020. Pero los jueces no apuntaron a eso.
En cambio, se centraron en el posible caos legal que supondría permitir que los tribunales estatales decidan quién puede ser presidente. Kavanagh señaló que existe una ley federal contra la insurrección y prohíbe a los condenados ocupar cargos públicos. Trump no ha sido acusado de violar esa ley.
A Trump le gustaría que el tribunal superior lo declarara no responsable de la violencia del 6 de enero. Había pocos indicios de que eso sucedería porque el asunto apenas surgió.
Una cosa que ha distinguido el caso es el alcance del argumento histórico sobre los orígenes de la Sección 3, que en gran medida ha permanecido inactivo desde una amnistía del Congreso para la mayoría de los confederados en 1872. El principal argumento de Trump es que la disposición no debe aplicarse a los presidencia porque ese cargo no se menciona específicamente, mientras que senador, miembro del Congreso e incluso los electores presidenciales y vicepresidentes sí lo hacen.
El argumento giraba en gran medida en torno a cuestiones oscuras, pero el juez Ketanji Brown-Jackson parecía curioso. Los demandantes han argumentado que sería absurdo excluir a personas de todo tipo de cargos inferiores y dejar abierto el más poderoso. Pero Jackson, la primera magistrada negra, sostuvo que la 14ª Enmienda tenía como objetivo principal garantizar que “el Sur no vuelva a levantarse”, es decir, los estados.
Quizás, continuó, los autores de la disposición presumieron que impedir que los insurrectos sirvieran como electores sería una salvaguardia suficiente contra un presidente insurreccional. Murray señaló que en el debate del Congreso sobre la disposición, un senador preguntó por qué la sección no se aplicaba a la presidencia y uno de sus autores señaló el lenguaje que pretendía incluir ese cargo. Pero no está claro que eso convenciera a Jackson o al tribunal.
Al entrar en el caso, la opinión predominante entre los expertos legales era que la Corte Suprema mantendría a Trump en la boleta electoral. Esa sensación ha aumentado ahora.
Lo que decida el tribunal tendrá importantes implicaciones tanto para la Sección 3 como potencialmente para otras disposiciones constitucionales. Todos los jueces se mostraron escépticos respecto de permitir que los estados decidan la Sección 3.
Murray reconoció al ser interrogado que no hay forma de presentar una demanda federal que cuestione las calificaciones de un presidente, por lo que si el tribunal prohíbe la acción estatal, eso pondría fin a los esfuerzos para cuestionar el lugar de Trump en la boleta electoral.
Si el tribunal dictamina que la disposición no se aplica a los presidentes, podría abrir a nuevas interpretaciones otras secciones de la Constitución, como la cláusula de emolumentos, que prohíbe a los funcionarios aceptar obsequios de países extranjeros. Los abogados habían intentado aplicar esto a Trump durante su presidencia, pero el caso se volvió discutible después de que dejó el cargo.
Si el tribunal toma la ruta del caso Griffin, los jueces podrían decir que le corresponde al Congreso elaborar nuevos procedimientos para implementar la Sección 3. Eso probablemente acabaría con todos los desafíos de la Sección 3 en el futuro previsible porque es poco probable que un Congreso dividido lo logre en el corto plazo. .
Pero la jueza Amy Coney Barrett planteó una posibilidad inquietante en su interrogatorio al abogado de Trump, Jonathan Mitchell.
¿Qué pasa si, preguntó, Trump es elegido y un nuevo Congreso redacta reglas que le aplican la Sección 3? ¿Eso entraría en conflicto con la cláusula de impeachment? ¿Significaría eso que un presidente Trump reelegido de repente deja de ser elegible?.
Mitchell dijo que pensaba que eso sería legal, lo que implica que el Congreso podría potencialmente destituir a Trump, u otro presidente, de su cargo.
Puede ser una posibilidad remota, pero es el tipo de hipótesis que subrayó otro punto: por mucho que el tribunal quiera eliminar la Sección 3, podría volver a perseguirlos en una secuela.
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