CDMX.- Entre enero de 2019 y julio de 2021 —durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador—, al menos 382 mil 371 migrantes han sido detenidos por personal federal y llevados a estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), por no acreditar su estancia legal en el país; del total, 146 mil 958 se han registrado en Chiapas, según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Mientras que el estado de fuerza compuesto por la Guardia Nacional, Ejército y Armada asignado al Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur asciende a 28 mil 461, las quejas contra el INM presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante estos casi tres años suman 2 mil 611; 650 fueron en Chiapas.
Para activistas, académicos y expertos en asuntos migratorios, el gobierno ha levantado un muro con esencia militar para detener los flujos migratorios de los sectores más vulnerables de centroamericanos y caribeños, sin que haya controles sobre la actuación del personal del INM, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas para evitar violaciones a los derechos humanos. Piden que el sector sea protegido.
Según cifras del INM —adscrito a Gobernación—, en 2019 fueron llevados a estaciones migratorias 182 mil 940 extranjeros, mientras que en 2020 —en medio de la crisis sanitaria— fueron 82 mil 379.
Entre enero y julio de este año, se han presentado 117 mil 52 casos de ingresos a las estaciones migratorias de extranjeros que no acreditaron su estancia legal, de los cuales 38 mil 622 ocurrieron en Chiapas, seguido de Tamaulipas, con 14 mil 568; Veracruz, 8 mil 543; Tabasco, 8 mil 358; Coahuila, 6 mil 330, y Nuevo León, con 6 mil 310.
De los 117 mil 52 extranjeros asegurados por el Instituto Nacional de Migración en los primeros siete meses de este año, 56 mil 156 son de origen hondureño; 35 mil 849 provienen de Guatemala; 9 mil 454, de El Salvador, mientras que de Nicaragua se aseguraron 4 mil 673; de Haití, 3 mil 813, y de Cuba, 2 mil 6.
En los últimos 10 días, personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración han desmantelado las caravanas y detenido por la fuerza a los migrantes, principalmente haitianos y centroamericanos, quienes se encontraban varados en Tapachula, Chiapas, y que no habían podido seguir su camino rumbo a Estados Unidos por no contar con documentos que debe expedir la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El pasado 28 de agosto, elementos de la Guardia Nacional y del INM intentaron desmantelar una caravana de migrantes, principalmente haitianos, quienes comenzaron su caminata en Tapachula. A unos 15 kilómetros de Huixtla, donde se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de una gira de trabajo por la entidad, los agentes replegaron con escudos antimotines a los extranjeros.
Desde ese día, han sido constantes las imágenes y acusaciones contra personal del gobierno federal por trato inhumano contra migrantes que buscan seguir su camino hacia Estados Unidos y que se encuentran varados en Chiapas en espera de documentos oficiales que amparen su situación migratoria en el país.
“Es un muro de soldados”
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ana Saiz Valenzuela, directora General de la organización civil Sin Fronteras, pone énfasis en que ningún muro compuesto por soldados podrá detener la migración forzada de Centroamérica y el Caribe.
Afirmó que el Instituto Nacional de Migración se encuentra fuera de control en Chiapas, pues la situación de los migrantes varados en esa entidad se ha agravado durante los últimos días.
“Desde el despliegue de la Guardia Nacional, desde que cambió el discurso el actual gobierno, muy notablemente por los famosos tuitazos del expresidente [Donald] Trump, desde entonces cambió radicalmente el discurso del gobierno actual.
“A partir de entonces, la política trata de contener a las personas migrantes con soldados, que ahorita son Guardia Nacional, [elementos que] cuentan con entrenamiento militar.
“Ha quedado claro que que a la migración forzada no la va a defender ni un muro, ni unos soldados, ni guardias nacionales.
“A la migración forzada lo que se le tiene que dar es una manera segura de existir y una manera digna de vivir, pues precisamente [los migrantes] donde están no se pueden quedar.
“La gente no lo hace por opción, se ha manejado y oímos al canciller [Marcelo] Ebrard referirse a la migración de Afganistán, que necesitan asilo por persecución, [mientras que] a la migración centroamericana se refiere como migración económica y ese no es el caso”, aseguró.
El estado de fuerza en Chiapas se ha incrementado periódicamente conforme más caravanas llegan al país, según se constató.
“Mucha de la gente que migra tenía trabajo en su lugar de origen. Es una cuestión sobre que no tienen condiciones para sobrevivir. Si uno lo considera como migración forzada, como en muchos casos, pues no hay condiciones para detener a las personas con soldados”, comentó.
Saiz Valenzuela se pronunció por atacar las causas estructurales de la migración, pero aclaró que con programas como Sembrando Vida no se puede atender la emergencia.
Recalcó que se ha intentado hacer un muro con la Guardia Nacional, “pero no tiene posibilidades de éxito frente a la migración forzosa”, por lo que la gente buscará salvarse y seguir su tránsito hacia el norte.
En entrevista por separado, Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, sostuvo que hay un cambio en la política migratoria del país desde que el gobierno federal, tras firmar un acuerdo con Estados Unidos para ampliar el programa Quédate en México, decidió utilizar a la Guardia Nacional para tareas migratorias y con ello formar un muro en las fronteras norte y sur.
“Seguimos con esta tendencia que dejó muy marcada nuestro país de los acuerdos que se hicieron en su momento con Donald Trump y que se hicieron para frenar la migración.
“Después nos llega la pandemia y como que un poco se tranquilizó la cosa porque no había flujo migratorio, pero era de esperarse que después de que se abrieran las fronteras iba a venir una migración mayor. Ahora con el nuevo gobierno de Joe Biden no ha cambiado la tendencia.
“Nosotros estuvimos hace unos días documentando unos casos en el sur, en Chiapas, y lo que pudimos ver era, primero, la tremenda situación a la que se enfrentan estas personas al no tener ninguna condición de vida digna. Estaban pasado hambre, la gente está pasando una situación muy delicada.
“Aun en pandemia, con el tema de salud y una atención plena, no es raro que la gente se haya desesperado para lograr encontrar condiciones de vida digna que el gobierno debió haberles dado, pues son solicitantes de asilo la mayoría”, comentó.
Consideró que además se incrementa la violencia por el tema racial: “Creo que es lo que estamos viendo, pues para una persona afrodescendiente es muchísimo más difícil transitar de manera segura en México”.
Enfatizó que en el país no se tiene ningún mecanismo de control y de supervisión para las tareas que están llevando a cabo los militares que fueron incorporados a la Guardia Nacional, “quienes además, consideramos, no deberían utilizarse para temas tan delicados, como la detención de personas migrantes solicitantes de asilo”.
Advirtió: “Mientras no tengamos control y sancione a violaciones a derechos, pues la tendencia seguirá ocurriendo. Lo estructural es que tenemos a la fuerza militar haciendo tareas de seguridad, que tenemos a la fuerza militar haciendo tareas de investigación, que tenemos una tremenda impunidad.
“Hay violaciones contra poblaciones que son muy vulnerables del país, como la gente del sur, sin que haya una consecuencia para los servidores públicos que están vulnerando los derechos humanos”, concluyó.
A su vez, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, consideró que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración tienen una atención focalizada en Chiapas, para contener al grupo más vulnerable de migrantes.
El experto en temas migratorios pidió separar dos grandes movimeintos migratorios: el que es visible y más vulnerable, que ha intentado hacer caravanas, y otro, que es el oculto, mucho más grande y que acude a grupos de traficantes de personas para cruzar el país, situación que es posible que al mes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos hasta 150 mil centroamericanos.
“México no está conteniendo un flujo mayoritario. La Guardia y Migración no se está concentrado en el flujo mayoritario, que desgraciadamente es explotado por los grupos criminales, sino en la población más vulnerable y de pocos recursos”, indicó.
En ese sentido, enfatizó que la Guardia Nacional tiene principios y normas que no deben rebasarse y proteger los derechos humanos de latinoamericanos.
“Hay momentos que merecen tres cosas: el cese inmediato de quienes violan las normas, presentar denuncias penales y el deber del Estado para proteger a los migrantes”, indicó.
Por último, consideró necesaria una reflexión interna de las autoridades para que haya más respeto a los migrantes.
(EL UNIVERSAL)
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