CD. DE MÉXICO.- El pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley General de Salud contra la criminalización de médicos o personal de salud cuando realicen algún procedimiento donde fallezca o tenga alguna afectación el paciente, ello siempre y cuando exista consentimiento expreso y documentado de los riesgos que existen.
Durante la sesión ordinaria y con 75 votos a favor y una abstención la reforma que adiciona un artículo 470 Bis de la Ley General de Salud que establece “que cuando la conducta sea realizada por profesionales, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas, conforme al conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para brindar atención a las personas usuarias de los servicios de salud y disposiciones jurídicas aplicables a los procedimientos médicos, y se tenga como resultado alguna lesión o pérdida de la vida de las pacientes y los pacientes, se estará a lo dispuesto por el Libro Primero, Título Tercero, Capítulo II del Código Penal Federal”.
La reforma, que fue devuelta a la Cámara de Diputados debido a que se realizaron modificaciones, establece “que no se considere como conducta delictiva aquella que provenga del ejercicio la actividad de los profesionales de la salud legalmente autorizados en el ejercicio de su profesión y que resulte de un acto o actos médicos, siempre y cuando preceda consentimiento expreso y documentado que haya establecido la posibilidad del advenimiento de alguna complicación en el estado de salud del paciente o bien de la pérdida de la vida”.
“Los profesionales de la salud siempre tratarán de realizar todo lo existente en sus manos y consideramos que no se les debe de juzgar como infractores de la ley desde un punto de vista penal, siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos”, se indica en la reforma.
En tribuna, el senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, dijo que con la reforma se pretende proteger a las y los médicos en el ejercicio de sus facultades, a efecto de no criminalizar su labor.
Asimismo, en caso de existir responsabilidades, estas estarán fundamentadas en investigaciones, las cuales garantizarán las buenas prácticas sobre la profesión.
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