El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), negociado durante cinco años entre la Unión Europea y Canadá, fue enviado este viernes a la congeladora, luego de que los jefes de Estado y de gobierno de la comunidad europea aplazarán su ratificación.
Si bien el apoyo es unánime entre los líderes europeos, fue imposible proceder con la firma debido al bloqueo impuesto por el parlamento de la pobre región de Valonia, que junto con Flandes y Bruselas capital conforman Bélgica.
El ministro presidente de Valonia, Paul Magnette, y la coalición de gobierno encabezada por los socialistas se oponen a la ratificación al considerar que el “texto actual sigue siendo insuficiente”.
Magnette, quien representa una región de 3.5 millones de habitantes y que perdió sus motores económicos con el cierre de las minas de carbón, se opone al mecanismo de arbitraje diseñado para la solución de conflictos entre Estado y empresas; también persisten preocupaciones en materia agrícola y en servicios públicos.
La reforma del Estado belga hizo de la competencia regional la aprobación de los acuerdos comerciales. El gobierno federal y el Parlamento flamenco ya dieron luz verde, pero Bélgica no puede avanzar sin el apoyo del Parlamento valón.
Las conversaciones para salvar el acuerdo duraron más de 20 horas. La Comisión Europea y el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, salieron con una oferta retocada, pero fue rechazada por la comunidad francófona belga.
Al finalizar la cumbre de dos días, en la que estaba prevista la aprobación del acuerdo por parte del Consejo Europeo con miras a su aplicación a partir de 2017, Charles Michel aseguró que el gobierno federal hará todo lo posible para encontrar una rápida solución, pues “el prestigio de Europa está en riesgo”.
Sin embargo, la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland, anunció el “fin y el fracaso” de las negociaciones sobre el CETA.
Un estudio de impacto patrocinado por la Comisión Europea en 2008 estimó que CETA generaría un incremento real anual de la renta de aproximadamente 11 mil 600 millones de euros para la Unión y 8 mil 200 millones de euros para Canadá, en un plazo de siete años a partir de la aplicación del acuerdo. Pero la crisis económica ha modificado la percepción entre los europeos respecto a los acuerdos comerciales, haciéndolos cada vez más impopulares, y CETA no es la excepción.
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