A dos años de la masacre de Iguala aún no conocemos el destino de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Si bien más de una centena de personas han sido detenidas y 70 están bajo proceso, aún se encuentran prófugos actores clave del crimen y no se ha hecho justicia. No ha habido —no puede haber en tanto no haya verdad y justicia— una reparación del daño a las 180 víctimas directas y a las 700 indirectas. Y no ha habido garantías de no repetición: masacres como las de Tierra Blanca, Topo Chico y Nochixtlán siguen lastimando profundamente a México; Guerrero sigue siendo un estado herido por los homicidios, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de más fosas comunes.
Verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición son, como ha recordado recientemente Jan Jarab, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una visita a Guerrero, cuatro pilares de los derechos humanos a partir de los cuales podemos evaluar lo que en estos últimos meses ha sucedido en torno al caso de Iguala. ¿Qué se ha logrado en este sentido?
Sin duda, el hecho más destacable ha sido el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mecanismo inédito de asistencia técnica al Estado que dio a conocer dos informes sobre el caso, uno en septiembre del año pasado y otro en abril de este año, mes en el que terminó su mandato.
En el “Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas”, el GIEI dio a conocer que en la desaparición de los estudiantes no sólo participaron policías de los municipios de Iguala y Cocula, sino también de Huitzuco —hecho que también ha sido destacado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— y que hubo una “perfecta coordinación” para tender un círculo de control y evitar la salida de los autobuses. En el informe, el GIEI también reitera que no existe una sola evidencia para asegurar que los estudiantes hubieran sido ejecutados y cremados en el basurero de Cocula.
Uno de los hechos más polémicos documentados en el segundo informe del GIEI es la obstrucción a la justicia por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR. Zerón manipuló evidencia, tergiversó información y obstruyó y escondió diligencias: excarceló a Agustín García, “El Chereje”, sin autorización del Ministerio Público y lo llevó al río San Juan sin la compañía de su abogado defensor. También ordenó a peritos inspeccionar la zona vecina del río sin una orden ministerial y no incorporó en esa diligencia al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contra lo que había acordado con este grupo. Zerón también mintió al declarar que fue escoltado por personal de la ONU. Así, el ex director de la AIC violó los artículos 20 y 21 de la Constitución y obstruyó severamente la investigación del caso.
Luego del fin del mandato del GIEI, el hecho más relevante es el inicio, en este mes de septiembre, de la implementación del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que elaboró dicho grupo. Este suceso marca una segunda etapa en la supervisión internacional del caso Iguala. Entre estas recomendaciones están la unificación de las distintas causas penales, evitar la fragmentación de la investigación y que ésta sea integral. Los expertos también recomendaron considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos: desapariciones forzadas; homicidios y tentativas de homicidio; encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; tortura; exceso en el uso de la fuerza; lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
Las recomendaciones del GIEI que deben ser seguidas en los próximos meses también incluyen llevar al cabo declaraciones testimoniales pendientes, en especial de autoridades policiacas y políticas de Guerrero, e integrantes del XXVII Batallón de Infantería, tema que generó tensiones entre el GIEI y el Estado mexicano. También debe darse seguimiento a la información de telefonía, al posible traslado de estupefacientes en los autobuses, llevar al cabo nuevas capturas, continuar la búsqueda de los normalistas y mantener espacios de diálogo y comunicación con los familiares de los 43.
Quiero destacar una de las recomendaciones del GIEI: “cambiar la narrativa del caso”, especialmente las motivaciones de los normalistas —que según la versión oficial fueron a “boicotear” un evento político en Iguala—, el desarrollo de los hechos y la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Los expertos independientes son contundentes: hasta la fecha “no existe certeza sobre el destino de los normalistas”. Hacia febrero de este año el EAAF realizó nuevo peritaje a partir del cual concluye la imposibilidad de que los estudiantes fueran quemados en el basurero de Cocula y, en fechas más recientes, José Torero realizó un nuevo experimento —a publicarse en la prestigiosa revista “Science”— que confirma dichas conclusiones.
Sin embargo, estos hechos positivos han sido eclipsados por los negativos. El trabajo excepcional del GIEI fue objeto de múltiples obstáculos y de campañas de difamación, particularmente del Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. También el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, y el abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, fueron objetos de denuncias y ataques, que han sido interpretados por más de un analista como un signo del endurecimiento del gobierno federal con respecto a los defensores de derechos humanos.
Otro suceso lamentable es el caso de Tomás Zerón. A pesar de su condenable actuación en el proceso de investigación más vigilado en la historia de México y la exigencia de los familiares de los 43 y de sectores de la sociedad de que sea castigado por su indebida actuación, Enrique Peña Nieto recolocó a Zerón como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo con los padres de los 43, esto ha sido una “burla”. No hay consenso sobre si esta acción fue un “ascenso” o “descenso” en la trayectoria de Zerón, pero lo que queda claro es el mensaje del gobierno federal: a los amigos no se les castiga, sólo se les protege, a pesar de sus acciones.
Asimismo, en estos últimos meses, tanto el GIEI como algunos medios de comunicación —entre ellos el semanario “Proceso”— han dado a conocer diversos casos de tortura a los detenidos por el caso de Iguala. También han salido a la luz nuevos libros académicos y periodísticos —como “La guerra que nos ocultan”, de Francisco Cruz, y “Ayotzinapa: mentira histórica”, de Témoris Greco— que argumentan que en el fondo del problema se encuentran la industria minera y del cultivo y tráfico de amapola y heroína en la región.
A dos años de Ayotzinapa queda claro que el camino hacia la verdad y la justicia no puede darse por sentado. A pesar de que aún no hay verdad, justicia, reparación del dato y garantía de no repetición, se han dado pasos importantes y excepcionales, como el trabajo del GIEI y la instalación del mecanismo de seguimiento de sus recomendaciones. Éstos han sido logros de la movilización de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad organizada. Ellos, con sus exigencias de verdad y justicia, son quienes marcan el camino a seguir recorriendo.
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