WASHINGTON.- El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró hoy que es totalmente “falso” que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté considerando utilizar la Guardia Nacional para detener y deportar inmigrantes indocumentados.
“No es verdad en un cien por cien. Es falso. Es irresponsable que se diga eso”, señaló Spicer en el Air Force One, que traslada hoy a Trump a Carolina del Sur para un evento en una fábrica de Boeing y posteriormente al club de playa de Mar-a-Lago, en Florida.
Spicer negó así una información de la agencia Associated Press (AP) que aseguraba que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había propuesto en un borrador el despliegue de 100 mil efectivos de la Guardia Nacional (una fuerza militar desplegada en situaciones de emergencia y coordinada por los estados) para detener a indocumentados.
“No hay ningún esfuerzo en marcha para acorralar utilizando a la Guardia Nacional, para acorralar inmigrantes”, aseguró Spicer, quien añadió que el documento en el que se basa la información no está originado en la Casa Blanca.
Sin embargo, el portavoz no negó categóricamente que esa posibilidad hubiera formado parte de las discusiones o propuestas para acelerar las deportaciones de indocumentados en algún momento.
El uso de la Guardia Nacional, pensada para 11 estados, según el borrador, iniciaría una militarización sin precedentes de la política migratoria, que se encargan de hacer cumplir autoridades federales dependientes del DHS.
Durante la campaña electoral del pasado año, Trump prometió deportar a los 11 millones de indocumentados que se creen que viven en el país, aunque posteriormente, tras su victoria en los comicios del noviembre, situó ese número entre los 2 o 3 millones.
Según el mandatario, esa era la cifra de indocumentados con antecedentes penales o deudas con la Justicia que podían ser deportados inmediatamente, un dato que numerosos estudios indican que es en realidad más bajo.
En su primer mes en el poder, Trump ha firmado una orden ejecutiva para reforzar a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza y de la detención de indocumentados para que se procese y acelere la deportación de personas con antecedentes, en muchos casos faltas leves, que antes no motivaban la salida expedita del país.
Trump también ha firmado un decreto para forzar a los departamentos de Policía de localidades estadounidenses a revisar el estatus migratorio de sus residentes y colaborar con las autoridades federales, algo que ha levantado la oposición de los alcaldes de las principales ciudades del país.
Asimismo, el DHS ha incrementado las redadas organizadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de indocumentados en todo el país, lo que ha elevado las preocupaciones de las organizaciones pro-inmigrantes.
Se han utilizado efectivos de la Guardia Nacional en misiones relacionadas con la inmigración en la frontera con México, pero nunca de manera tan amplia ni tan al norte del país.
DE acuerdo con AP, el memo está dirigido a los entonces directores interinos de dos agencias: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se supone que el memorándum serviría de guía para la aplicación del decreto ejecutivo sobre inmigración y seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero. Memos como éste son el complemento habitual de las órdenes ejecutivas.
El proyecto, fechado 25 de enero, dice que la tropa participante estaría autorizada a “realizar las funciones de un agente de inmigración en relación con la investigación, aprehensión y detención de extranjeros en Estados Unidos”.
Dice que los efectivos serían activados de acuerdo con un programa de colaboración entre los estados y el gobierno federal y dice que el personal estaría autorizado a realizar cateos e identificar y arrestar a inmigrantes no autorizados.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a los pedidos de declaraciones.
El borrador circula entre el personal de Seguridad Nacional desde hace dos semanas. El viernes, empleados de diversas oficinas informaron que se habían iniciado las discusiones respectivas.
En caso de aplicarse, la medida tendría consecuencias significativas. Casi la mitad de las 11,1 millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización viven en 11 estados, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigaciones Pew, con base en el censo de 2014.
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