CIUDAD VICTORIA.- Por los casos de dos mujeres que perdieron a su bebé y les fue extirpada la matriz debido a la inadecuada atención médica en hospitales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En el primer caso, la mujer adolescente acudió al Hospital General de Tampico porque su bebé estaba a punto de nacer; sin embargo, la ginecóloga le señaló que faltaba una semana para el parto.
Después fue al Centro de Salud Villa Cuauhtémoc porque continuaba con dolores en el vientre, en donde le indicaron que el corazón del bebé latía lento, fue canalizada al Hospital General de Altamira, ahí le informaron que el bebé había fallecido, por lo cual fue ingresada a quirófano y como consecuencia de una infección, le fue extirpada la matriz y parte del apéndice.
La CNDH señaló que la inadecuada valoración y vigilancia de embarazo de alto riesgo por personal médico del Centro de Salud y el Hospital General de Altamira aumentó el riesgo de las complicaciones obstétricas que presentaba la adolescente y la situación del bebé.
En el segundo caso, la mujer sintió dolores de parto, por lo que acudió al Centro de Salud de Villa Manuel y fue referenciada al Hospital de Altamira, donde le diagnosticaron probable choque séptico, óbito fetal y anemia, y al hacerle un ultrasonido se detectó que el bebé falleció. Debido a su estado de salud fue trasladada al Hospital Civil de Madero, en el que se le practicó operación cesárea para extraer el producto y la matriz.
El personal médico de la CNDH determinó que hubo inadecuada atención médica en el Hospital General de Altamira, ya que omitió el cuadro de preeclampsia que presentaba la paciente y en la inducción de trabajo de parto, se aplicó de manera injustificada una dosis de misoprostol y oxitocina, además, en el documento del consentimiento no se estableció el acto autorizado, riesgos, beneficios, nombre de un familiar responsable y médico.
El organismo determinó que la inducción del trabajo del parto a las pacientes fue inadecuada, al no tomar en cuenta la gravedad de su estado de salud, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de la matriz para ambas, lo que evidencia la vulneración al derecho a la libertad y autonomía reproductiva de las agraviadas.
Destacó que en ambos casos hubo violaciones a los derechos a la protección a la salud, a la libertad y autonomía reproductiva hacia las víctimas, al interés superior de la niñez en agravio de la mujer adolescente embarazada y violencia obstétrica hacia la otra mujer de 32 años.
Por eso emitió la Recomendación 55/2018 dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le solicitó reparar integralmente el daño a las víctimas y colaborar en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, entre otras medidas.
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