Este viernes por la tarde Argentina vivirá un nuevo hito en su larga historia de búsqueda de justicia respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, que se desarrolló entre 1976 y 1983.

Después de tres años de proceso oral y público, el Tribunal Oral Federal Número 1 dará sentencia en el juicio sobre el Plan Cóndor y el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”.

Se trata de un expediente enmarañado con 171 casos y 17 imputados, que busca echar luz, por primera vez, sobre el sistema de coordinación entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay para perseguir y eliminar a disidentes políticos, más allá de las fronteras. Entre los imputados están el ex presidente argentino de facto Reynaldo Benito Antonio Bignone, de 88 años; el ex general argentino Santiago Omar Riveros, de 92; y el coronel retirado uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, de 76. Ellos están acusados, en varios hechos, del delito de asociación ilícita y de privación ilegítima de la libertad.

“Este es un juicio muy importante para el proceso de justicia en Argentina y a nivel regional, porque hay víctimas de diferentes países”, dijo la abogada Luz Palmas Zaldúa, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG argentina que ha impulsado este tipo de juicios y que ahora comparte banco acusador con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal.

“Si sale, será la primera sentencia judicial en un país de la región que dé por probado el Plan Cóndor como asociación ilícita, como un esquema integral: una asociación ilícita supranacional”.

En el juicio se vio que el Plan Cóndor tiene un acta de fundación firmada el 28 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, durante la Primera Reunión de Inteligencia Nacional. En el Archivo del Terror de Paraguay se halló una copia de la invitación formal que la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), envió el 29 de octubre de ese año al jefe de la policía paraguaya, general de división Francisco Brites, “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. Declararon más de 250 personas: víctimas, familiares, investigadores, y llegó al juicio documentación de los países afectados y de EU.

La causa se inició en 1999 con 32 imputados, incluyendo el dictador chileno Augusto Pinochet, el paraguayo Alfredo Stroessner y el boliviano Hugo Banzer Suárez, pero sus países no habilitaron la extradición para que fueran juzgados en Argentina. Las penas que se piden para los acusados van de los cinco años hasta prisión perpetua (en dos casos).