CD. VICTORIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas investiga a 573 exfuncionarios de diferentes dependencias de la anterior administración estatal, entre los que hay 15 exsecretarios vinculados a proceso, confirmó Jesús Eduardo Govea Orozco.
En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, aclaró que no se trata de “ajustes de cuentas ni cacería de brujas”, sino del trabajo que durante la administración de su antecesor, Raúl Ramírez Castañeda no se realizó.
Precisó que actualmente hay 790 carpetas de investigación en trámite, 10 de ellas integradas en este 2025, entre las que se encuentran las 90 denuncias interpuestas por las diferentes dependencias del Gobierno actual y 40 más presentadas por la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Explicó que de las 14 carpetas judicializadas hasta finales del 2024 y las tres de enero de este mismo año, “tenemos alrededor de 15 servidores públicos de la administración pasada, todos de niveles principales, vinculados a proceso”.
Además de las denuncias impulsadas por diferentes instancias de la administración pública, “se tienen alrededor de 458 servidores públicos señalados, entre titulares, mandos superiores y mandos medios”, apuntando que en varios de los asuntos se involucra al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Govea Orozco apuntó que no se puede precisar un monto del quebranto al erario que representan estas denuncias, luego que son variados, “tan solo en uno de los casos, estamos hablando de un contrato de 125 millones de pesos, existen otros que podrían alcanzar hasta los 400 o 500 millones de pesos, tan solo de una Secretaría”.
Dependerá de la secuela que conlleve cada una de las denuncias y lo que finalmente determinen los juzgadores en cada caso al concluir los procedimientos judiciales.
Ahora bien, aclaró que no todos los casi 600 exfuncionarios involucrados en presuntas conductas delictivas ameritan cárcel: “en algunos de los casos, se trata de hechos o conductas que atienden a una penalidad no tan grave y que eventualmente, podrían no representar un riesgo procesal”.
El Fiscal Anticorrupción informó que tan solo en los primeros días de este año, se iniciaron 10 carpetas de investigación, de las cuales se han liberado ocho órdenes de aprehensión.
Mientras que al cierre del 2024 se logró presentar ante juzgadores, 14 carpetas de investigación que fueron judicializadas, una de ellas que derivó en la detención del exsecretario de Bienestar, quien ya fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva.
Las carpetas que han presentado para su judicialización, ninguna ha sido rechazada o regresada por falta de elementos, pues se ha cuidado el debido proceso, integrando todos los elementos necesarios para que no sean rechazadas.
Destacó que se ha ponderado garantizar a los involucrados su derecho a audiencia, lo que ha derivado en que, hasta hoy, ningún caso ha sido impugnado, recordando que algunos de los señalados en diversos actos con apariencia delictiva han acudido a las audiencias, por lo que los juzgadores han dictado diversas medidas cautelares que no tienen que ver con la prisión preventiva.
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