San José.— Es una historia de abuso sexual, violencia, desnutrición y desamparo de una familia en una barriada hundida en la miseria y en el olvido en Venezuela.
Es un drama de justicia y dolor de una niña, de su madre y de su maestra: las tres sufren hoy como víctimas de una ley antiaborto que rige en Venezuela desde 1873… hace 148 años.
La niña, de 13 años, quedó embarazada en agosto de 2020 por violación sexual en su empobrecida colonia del occidental estado venezolano de Mérida. La maestra —Vannesa Rosales— entregó un abortivo a la madre para cesar con la gestación de la niña, en ese momento de 12 semanas, y ahora las dos adultas temen volver a ser encarceladas. Ambas ya pasaron un tiempo entre rejas; en cambio el violador— de 52 y vecino del barrio— estuvo detenido 24 horas, quedó libre por falta de pruebas y se dio a la fuga.
“Esto ha sido violento para la niña, como revictimizada. También para Vanessa, que le salvó la vida, y para la mamá, ya procesada”, afirmó la abogada venezolana Venus Faddoul, defensora de Rosales y directora ejecutiva de 100% Estrógeno, organización feminista no estatal de Venezuela.
“El aborto se esconde como si no existiera en Venezuela, país conservador y de doble moral”, dijo Faddoul a EL UNIVERSAL.
Venezuela sólo autoriza el aborto si la salud de la madre está en riesgo, por lo que factores como embarazo por violación o inviabilidad del feto están descartados.
Rosales, de 31, experimentada activista de derechos sexuales y reproductivos y trabajadora social y maestra en comunidades con desolación social y miseria en Mérida, fue demandada por la Fiscalía General de Venezuela por aborto inducido a tercero, asociación para delinquir y agavillamiento y podría ser condenada a 12 años de cárcel.
A Rosales se culpó de cobrar por la pastilla a la madre y por tener en su poder unas 600 dosis. Con vehemencia, Faddoul calificó de falsos esos argumentos y recalcó que su clienta, dedicada a la solidaridad con familias sin dinero ni otros recursos, jamás se atrevió a cobrar por sus servicios sociales.
“La niña lo señaló como violador. Su testimonio era suficiente para que lo tuvieran más tiempo. Se le liberó con el alegato de que nunca fue sorprendido en flagrancia”; Venus Faddoul, defensora de la maestra Rosales.
La madre, de 41, está acusada de agavillamiento (asociación criminal), con pena de 5 a 6 años de prisión. “Es un absurdo de ley. Tendría que ser demasiado abstracta para aplicar 148 años después de su creación. Es punitiva y violatoria de los derechos humanos de las mujeres y contradice por completo los tratados internacionales que Venezuela firmó y ratificó para flexibilizar el aborto”, alegó Faddoul.
“Penalizar el aborto trae más muertes, más discriminación, más violencia y limita el acceso a la salud sexual de las mujeres. Y es peor si es niña o adolescente. Ella tenía 13 cuando fue violada repetidas veces, ya es de 14 pero con 15 habría tenido responsabilidad penal”, destacó.
Para la colombiana Carmen Martínez, gerenta regional del Centro de Derechos Reproductivos, organización no estatal con oficinas en Colombia, la aplicación por parte del personal de salud y de justicia en Venezuela de la norma de salvar a la mujer cuando su integridad física está en peligro “ni siquiera es clara”.
“La ley venezolana va en contravía de los derechos consagrados en tratados internacionales. Todas las vulneraciones que se desprenden de la ley [de 1873] son claramente una discriminación de género. Venezuela incumple su obligación de igualdad”, explicó Martínez a este periódico.
Al advertir que una amenaza del embarazo en niñas y adolescentes por violencia sexual es que la afectación a su salud mental “puede llevarlas a la depresión y al suicidio”, planteó que “en Venezuela el mundo está al revés: la madre de la niña terminó criminalizada”. Por los tratados que ratificó, el Estado venezolano debe “flexibilizar su ley sobre aborto”, insistió.
Venezuela, con una de las leyes de América Latina y el Caribe más restrictivas en interrupción segura del embarazo, fue sacudida en octubre de 2020 por la niña, cuyo nombre y el de su progenitora se reservan, preñada por abuso sexual.
Además de maestra, Rosales, de 31 años, es activista en favor de los derechos sexuales. Foto: Cortesía.
Entorno violento
“En este caso hay de todo”, en un entorno agudizado por la crisis socioeconómica, política e institucional de Venezuela, con “quebranto de leyes” en un “mecanismo corrupto que se apoderó de todo”, lamentó Faddoul.
El padre de la menor fue asesinado en la misma colonia en un cruce de balas en 2016. Viuda y con seis hijos (entre ellas la niña) huérfanos, la madre buscó compañeros sentimentales y quedó embarazada dos veces y ahora, con ocho vástagos a cuestas y sólo dos mayores, su vida es un martirio de hambre y pobreza extrema.
La niña comenzó a sufrir violaciones sexuales en agosto de 2020 y quedó embarazada. Fue entonces cuando le contó a su mamá quien, desesperada por interrumpir el estado de gestación, acudió a Rosales y luego de denunciar el caso en una unidad policial.
A inicios de octubre, y atendiendo a la madre, la maestra le entregó un abortivo y la niña lo ingirió. El medicamento le provocó un sangrado y debió ser llevada de urgencia a un hospital, donde se le practicó un legrado y se descubrió el proceso abortivo.
Sometida a interrogatorio estando hospitalizada, contó que Rosales le suministró el fármaco. Ese 12 octubre la madre y la profesora iniciaron un calvario de miedo y fueron encarceladas. El agresor fue capturado ese mismo día y liberado 24 horas después.
“La niña lo señaló como violador. Su testimonio era suficiente para que lo tuvieran más tiempo. Se le liberó con el alegato de que nunca fue sorprendido en flagrancia. Pero tuvieron detenida a la mamá hasta el 4 de noviembre y a Vannesa hasta el 11 de enero”, cuando se le concedió arresto domiciliario, informó la abogada.
La Fiscalía pidió el 11 de enero a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitir una alerta roja para capturar al violador. “Fue el reconocimiento del tremendo error porque prevalecieron los corredores de corrupción. Era imposible que lo soltaran, pero lo soltaron. La Fiscalía se dio con la pared porque expusimos públicamente que era imposible que lo soltaran… y lo soltaron”, adujo Faddoul.
¿Y la niña?
“Por ahora, y dentro de lo que cabe, pues está bien”, respondió la activista.
(EL UNIVERSAL)
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