CIUDAD VICTORIA, TAM.- Por mayoría de votos de los diputados de Morena, se aprobó abrogar la Ley de Control Constitucional para el estado de Tamaulipas, con lo que el Supremo Tribunal de Justicia del estado pierde la facultad de recibir y resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Con esta medida, podrá retrasarse el reclamo del Partido Acción Nacional contra el decreto que les quitó el control de la Junta de Coordinación Política, con el que buscaban acudir al Poder Judicial Local.
Ahora, la ley solo les permitirá recurrir de manera directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa que no estaba en el orden del día, fue dictaminada durante un receso que se hizo en la sesión, en la que se señaló que se atendería a los “teachers” que se encontraban en galería y pedían el reconocimiento a su antigüedad.
Si embargo, al mismo tiempo se llamó a sesión de la Comisión de Asuntos Legislativos, donde el diputado Alberto Granados Favila, a nombre de la bancada de Morena, hizo la propuesta que le entregaron los asesores de su partido.
En la sesión, el diputado Luis René Cantú Galván, aprovechó para reclamar a Isidro Vargas, no haber estado en el inicio de la sesión ordinaria y sí en la de Comisiones, para sacar el dictamen y presentarlo el mismo día en la sesión.
Se señala en la iniciativa que el objeto de abrogar la Ley de Control Constitucional del Estado, se propone “debido a la escasa concurrencia para la aplicación de dicha ley, dado a que existe una regulación constitucional federal que permite optar por acudir directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir conflictos entre poderes o para que declare la inconstitucionalidad de una norma”.
Argumentan que al dejar sin efecto jurídico dicha Ley de Control Constitucional acortará la brecha en tiempos e instancias, al considerar que la Suprema Corte de Justicia “sí podrá impartir la justicia de manera imparcial”.
Mientras que en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, existe desconfianza de que pueda resolver con parcialidad.
La bancada panista reclamó que el dictamen fue votado en la misma sesión e incluso no estaba publicado, sin embargo, la votación se llevó a cabo y fue aprobado por la mayoría de Morena, con la abstención de dos diputadas panistas, y dos del PRI.
Los panistas impugnaron ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Tribunal Primero Electoral, la reforma a los artículos 25 numeral 3, 26 numeral 1, 29 y 33 numeral 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso y que les llevó a perder la Junta de Coordinación Política del Congreso.
Con esta votación que deja sin efectos jurídicos la llamada Ley de Control Constitucional, dichas controversias ahora tendrán que llevarse directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que retarda la resolución de la presentada por los panistas.
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