TAMAULIPAS.- La revisión del padrón incluye permisos sin operar durante años y con adeudos; unas dos mil cancelaciones podrían corresponder a Tampico.
El Gobierno de Tamaulipas contempla cancelar alrededor de cuatro mil concesiones de transporte público cuyos titulares dejaron de prestar el servicio o mantienen obligaciones pendientes, informó el subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo. La medida forma parte de una revisión del padrón estatal.
¿Por qué se plantea cancelar las concesiones?
El funcionario explicó que en Tamaulipas existen aproximadamente 19 mil concesiones vigentes, entre las que se encuentran permisos cuyos titulares llevan tres o cuatro años sin operar.
Algunos transportistas suspendieron actividades durante la pandemia y no regresaron porque el servicio dejó de resultarles rentable. Otros mantienen sus vehículos descompuestos, sin ofrecer traslados a la población.
Núñez Montelongo estimó que cerca de dos mil de las posibles cancelaciones corresponderían a Tampico, mientras el resto se distribuiría entre otros municipios. Las cifras son una previsión del proceso de revisión.
¿Qué ocurre con quienes mantienen adeudos?
El subsecretario señaló que algunos concesionarios acumulan deudas fiscales de entre 80 mil y 100 mil pesos.
Para facilitar su regularización, explicó, el Gobierno estatal ofreció un subsidio que permitía liquidar los adeudos mediante un pago único de 14 mil 800 pesos y conservar la concesión.
Sin embargo, indicó que no todos aprovecharon esta facilidad. La falta de regularización es otro de los factores considerados por la dependencia para dar de baja permisos del padrón.
¿Qué avances hay en el transporte escolar y de trabajadores?
En Reynosa se regularizaron aproximadamente 800 unidades de transporte escolar, que ahora cuentan con seguros de daños y gastos médicos, de acuerdo con el funcionario.
Además, alrededor de 400 vehículos destinados al traslado de trabajadores de maquiladoras obtuvieron sus respectivas concesiones.
La Subsecretaría del Transporte continúa enviando oficios a instituciones educativas y empresas para que eviten contratar unidades sin los permisos correspondientes, como parte de las acciones de ordenamiento del servicio.
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