CD. VICTORIA.- En Ciudad Victoria, aunque las cuotas de inscripción en escuelas de educación básica no son obligatorias de acuerdo a la ley, en algunos casos superan los 1,500 pesos y se convierten en una condición para la aceptación de alumnos.
Las autoridades educativas se deslindan de responsabilidad, afirmando que esos cobros son acuerdos entre los padres de familia.
Ante esta situación, se empuja una iniciativa para fiscalizar las cuotas escolares y obligar a las mesas directivas a pagar impuestos.
Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia, reconoció que, aunque en teoría las cuotas deben ser sugeridas por los padres, en la práctica muchas veces son determinadas por las escuelas.
En cuanto a la rendición de cuentas, algunas situaciones se manejan adecuadamente, pero otras presentan conflictos.
Esta semana, el diputado Román Vital presentó una iniciativa para fiscalizar las cuotas escolares, que la ley considera aportaciones voluntarias.
Sin embargo, en algunas escuelas estas cuotas se utilizan como condición para la inscripción de los niños, lo que genera controversia entre los padres.
La iniciativa busca transparencia y evitar la corrupción, garantizando que el manejo de los recursos sea claro, dado que los padres invierten en escuelas públicas.
La Ley de Educación establece que el gasto en educación debe ser cubierto por el Estado, empresarios y particulares, incluidos los padres de familia.
En la constitución de cada mesa directiva, el acta es sancionada por la Secretaría de Educación en Tamaulipas.
La iniciativa busca que las mesas directivas paguen impuestos y emitan recibos deducibles, lo que permitiría una mejor transparencia y evitaría la malversación de fondos.
En la práctica, los montos de las cuotas varían dependiendo de la ubicación de la escuela, con costos que van desde menos de 500 pesos en la periferia hasta más de 1,500 pesos en el centro.
Aunque la ley no obliga al pago de cuotas, en algunos casos es una condición para la inscripción, y algunos padres han tenido que ampararse para evitar el pago, ya que la educación es un derecho constitucional gratuito.
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