CD. VICTORIA.- El 32% de personas privadas de su libertad en Tamaulipas no cuentan con sentencia, de acuerdo con la información estadística penitenciaria al corte del mes de mayo, elaborado por la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana.
El dato cobra relevancia, luego que el Consejo de la judicatura Federal informó que se resolvió la contradicción 40/2023, que determinó que es viable conceder suspensión provisional con efectos restituitorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa.
El órgano del Poder Judicial de la Federación con residencia en la Ciudad de México, tomó la decisión con base en las sentencias emitidas por a Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otros contra México, en las que se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Esta decisión eliminará esta figura en 18 entidades, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala y Tamaulipas.
En los Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira, hay 4,115 personas privadas de su libertad, 3,507 del fuero común y 608 del fuero federal.
Del total de reos, hay 1,306 que no han sido sentenciados, de ellos 1,099 están por delito del fuero común, 90 son mujeres y otros 207 fueron encarcelados, acusados de algún delito del fuero federal, entre las que se encuentran 19 mujeres a la espera de una sentencia por sus delitos.
De acuerdo con la decisión del Poder Judicial de la Federación, cuando el quejoso solicite la suspensión provisional ante la imposición de la prisión preventiva oficiosa, esta deberá tener efecto de tutela anticipada y el juez de la causa, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, convocará a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas.
Así se podrán pedir otras medidas cautelares como libertad condicional, uso de brazalete electrónico, prisión domiciliaria, firma periódica, exhibición de garantía económica, embargo de bienes, entre otras.
En el caso de Tamaulipas, aunque las cárceles no presentan un sobrecupo, pues la capacidad actual es para albergar hasta 6,847 personas y actualmente hay 4,415 al mes de mayo, las instalaciones no son las más adecuadas, lo que ha sido señalado de manera reiterada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus informes anuales.
Al mes de mayo de este 2023 los ingresos sumaron 110 de los que 98 son hombres y el resto mujeres, mientras que los egresos fueron 98, mayormente se trató de hombres (93) y solo 5 mujeres.
También se registraron 10 personas que iniciaron su vigilancia con algún sustitutivo de sanción, 8 de ellos con condena condicional y 2 con jornada de trabajo en favor de la comunidad.
De manera general hay 1,869 personas que están en libertad vigilada, con sustitutivo de pena u obtuvieron algún beneficio de libertad anticipada; de los primeros son 660, la mayoría de ellos (560) realizando trabajos en favor de la comunidad.
Pero en otras modalidades, condena condicional (38), tratamiento en semilibertad (2), tratamiento en libertad (58), medidas de seguridad (2).
Mientras que los que gozan de los beneficios de libertad anticipada que suman 1,209, mayormente (446) están en tratamiento reliberacional, seguidos de los que están en remisión parcial de la pena (380), libertad preparatoria (351), art 68 o 75 del Código Penal Federal (26) y 6 en libertad supervisada.
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