CD. DE MÉXICO.- Este miércoles, la Segunda Sala del máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que planteaba revocar una suspensión definitiva otorgada en un juicio de amparo y que frenaba la desaparición de los fideicomisos y la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Los ministros Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez no respaldaron la propuesta. El asunto fue turnado a Aguilar para que presente un nuevo proyecto con base en el criterio de la mayoría.
Este caso llegó a la Corte luego de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados presentaron un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva otorgada el 13 de noviembre de 2023 por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, al ex magistrado Filiberto Javier Mijangos Navarro.
Ambas autoridades pidieron al máximo tribunal atraer el caso y la solicitud fue aceptada en enero pasado. Esta medida cautelar concedida a Mijangos Navarro tiene efectos generales y no sólo lo beneficia a él sino a todos los integrantes del PJF. Sin embargo, la Consejería argumentó que el ex funcionario no tiene interés legítimo para promover el juicio de amparo contra el decreto que elimina los fideicomisos.
Batres señaló durante la sesión que la suspensión no debió ser otorgada, pues la jueza que la concedió priorizó intereses propios y no los de la población, al impedir que los recursos de los fideicomisos se destinarán a desastres causados por el huracán Otis, en Guerrero.
Esta es la lista de fideicomisos que plantean eliminar
La propuesta plantea eliminar la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Fondo contra el Cambio Climático y del Fondo para Atención a Víctimas, entre otros. Sin embargo, planteaba avalar la extinción de fideicomisos para defensores de derechos humanos y periodistas y en materia de hidrocarburos, entre otros.
El 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con el que se eliminaron 109 fideicomisos sin estructura orgánica y que servían como instrumento para distribuir el gasto público.
Senadores de oposición promovieron ante el máximo tribunal una acción de inconstitucionalidad en la que señalaron que se violó el principio de seguridad jurídica por falta de seguimiento de las formalidades del procedimiento legislativo. También indicaron la falta de competencia del Congreso de la Unión para modificar el destino del gasto público.
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