TAMAULIPAS.- Después de más de cinco décadas de espera, el ejido Francisco I. Madero recibió la propiedad de más de 2 mil 600 hectáreas como indemnización por terrenos expropiados para construir la presa Las Ánimas.
Después de 53 años de espera, ejidatarios del municipio de El Mante finalmente obtuvieron certeza jurídica sobre más de 2 mil 600 hectáreas de tierra que el Gobierno Federal se había comprometido a entregarles como indemnización por la expropiación de terrenos destinados a la construcción de la presa Ramiro Caballero Dorantes, conocida como Las Ánimas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que concluyó el procedimiento jurídico y administrativo que permanecía pendiente desde 1973, cuando se estableció el compromiso de compensar al ejido Francisco I. Madero mediante la entrega de tierras, una obligación que se prolongó durante más de cinco décadas.
La dependencia federal destacó que este proceso representa un avance en materia de justicia social y certeza jurídica para las familias ejidatarias, al formalizar la propiedad de una superficie que había permanecido sujeta a un procedimiento administrativo sin concluir durante varias generaciones.
¿Por qué tardaron más de 50 años en entregar las tierras?
El origen de este conflicto se remonta a 1973, cuando se inició un procedimiento de expropiación de terrenos para hacer posible la construcción de la presa Ramiro Caballero Dorantes, una infraestructura hidráulica ubicada en la región cañera del sur de Tamaulipas.
Como parte del acuerdo, se estableció una indemnización en especie para los integrantes del ejido Francisco I. Madero, consistente en la entrega de una superficie de tierra que compensaría la afectación ocasionada por el proyecto hidráulico.
Sin embargo, el proceso de transmisión de la propiedad permaneció inconcluso durante décadas, por lo que fue necesario realizar diversas gestiones jurídicas y administrativas para regularizar la situación de los terrenos y dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Estado mexicano.
Conagua señaló que la conclusión del procedimiento permite cerrar un rezago histórico que se mantuvo pendiente por más de medio siglo, aunque no detalló las causas específicas que impidieron concretar la entrega durante todo ese periodo.
¿Cómo se concretó la entrega de las 2 mil 600 hectáreas?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 19 de noviembre de 2025 se formalizó la escritura pública correspondiente ante un notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, mediante la cual se documentó la transmisión de la propiedad de más de 2 mil 600 hectáreas al ejido Francisco I. Madero.
Posteriormente, el documento fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que permitió avanzar en el reconocimiento jurídico de los derechos de la comunidad sobre la superficie comprometida como indemnización.
La dependencia precisó que el 19 de junio de 2026 entregó la escritura pública a las autoridades ejidales, con lo que quedó formalizada la indemnización en especie acordada por la expropiación realizada décadas atrás.
Este procedimiento permitió documentar legalmente la transmisión de los terrenos y brindar mayor certeza a los integrantes del núcleo agrario respecto de los derechos de propiedad reconocidos a favor del ejido.
¿Qué resolvió el Juzgado de Distrito sobre este caso?
El pasado 2 de octubre, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Tamaulipas determinó que la comunidad del ejido Francisco I. Madero había sido restituida en el goce de sus derechos, después de que se concretaron las actuaciones necesarias para cumplir con la indemnización pendiente.
La resolución judicial representa el cierre de un procedimiento que comenzó en 1973 y que se mantuvo sin concluir durante distintas administraciones federales, hasta que finalmente se formalizó la transmisión de los terrenos.
Conagua consideró que este resultado demuestra la importancia de atender compromisos históricos relacionados con la propiedad social y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Federal frente a las comunidades agrarias.
Para los ejidatarios de Francisco I. Madero, la regularización representa el reconocimiento formal de un derecho que permaneció pendiente durante más de cinco décadas, mientras que para las autoridades federales significa la conclusión de un procedimiento vinculado con una de las obras hidráulicas de mayor importancia para la región de El Mante.
La dependencia reiteró que resolver este tipo de asuntos contribuye a fortalecer la seguridad jurídica del patrimonio ejidal y a dar cumplimiento a compromisos adquiridos por el Estado mexicano con las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura.
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