GUERRERO.- Pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa, en la región Centro de Guerrero, viven asediados por las balas. Desde hace seis días, la organización criminal Los Ardillos los ataca por tierra y aire: desde los cerros y con drones artillados.
Los pobladores no han tenido forma de responder, lo único que les quedó fue huir: niñas, niños, mujeres y adultos mayores, sobre todo, se desplazaron hacia la comunidad vecina Alcozacán.
La madrugada de ayer fueron hallados cuatro cadáveres tirados sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla, cerca de Alcozacán.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) informó que la noche del domingo cuatro de sus integrantes fueron desaparecidos. Hasta la tarde de ayer no se había confirmado si los cuerpos hallados pertenecen a los desaparecidos.
Los ataques comenzaron la tarde del miércoles 6 de mayo. Un grupo de Los Ardillos atacó las comunidades de Xicotlán y Tula durante varias horas. El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, denunció que el gobierno del estado y el Ejército estaban enterados de los ataques, pero no los ayudaron.
A la mañana siguiente, los pobladores de Xicotlán y Tula, acompañados de otras localidades, bloquearon la carretera que conecta a los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera. El bloqueo fue un grito de auxilio que no llegó.
Ese mismo día, los ataques se intensificaron y se ampliaron a la comunidad de Acahuehuetlán.
El 8 de mayo, la Policía Estatal y el Ejército llegaron a la zona, pero los ataques no pararon. Apenas se retiraron y siguió la violencia.
Durante el fin de semana Los Ardillos utilizaron drones artillados en sus ataques. La noche del domingo, unos mil pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán salieron huyendo. Lo hicieron con lo que tenían. En videos compartidos en las redes sociales se observa a niños y niñas, mujeres, ancianos y perros llegando a una cancha en la comunidad de Alcozacán, a unos kilómetros de Chilapa.
Los pobladores abandonaron sus comunidades, pero la violencia sigue. Este lunes, el dirigente del Cipog-EZ denunció que los cuatro cadáveres hallados sobre la carretera podrían ser de sus compañeros desaparecidos.
Ayer, tras seis días de conflicto, fuerzas estatales entraron a Chilapa, pero no a la zona de conflicto.
Estos ataques no son nuevos, se trata de un nuevo intento de Los Ardillos por tomar el control de estas comunidades que forman parte del corredor que comienza en la comunidad de Atzacualoya, en Chilapa, y que termina en Hueycantenango, municipio de José Joaquín Herrera.
La mañana del 2 de abril un grupo armado mató a cuatro albañiles que eran integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y del Cipog-EZ, organizaciones que encabezan la resistencia contra Los Ardillos.
El 2 de mayo fueron asesinados otros dos miembros de la CRAC-PC cuando iban a Chilapa.
La disputa por el corredor Atzacoaloya-Hueycantenango comenzó en 2014, cuando los hermanos Bernardino y David Sánchez Luna fundaron la Policía Comunitaria de la CRAC, en la comunidad Rincón de Chautla, junto con 16 pueblos más.
Primero, la CRAC resistió ante los ataques de Los Rojos. Un año después surgió, casi en la misma zona, el grupo de autodefensa Por la Paz y la Justicia.
Su presentación fue el 9 mayo de 2015: 300 hombres armados tomaron el control de la cabecera municipal de Chilapa, dijeron que iban a cazar al líder de Los Rojos, Zenen Nava. Durante cinco días catearon casas, instalaron retenes, desarmaron a la Policía Municipal y se llevaron a 30 jóvenes, de los que no se volvió a saber. Todo fue frente a los ojos de policías y militares.
Las autoridades vincularon a este grupo con Los Ardillos.
El acecho de Los Ardillos en el territorio de la CRAC ha dejado, según el Cipog-EZ, más de 70 asesinatos, 25 desapariciones y el desplazamiento de cientos de pobladores.
En 2015 fue asesinado de 13 disparos el candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz. En 2018 hallaron sin vida, en una casa abandonada, a una precandidata a la diputación local.
En 2019, hombres armados entraron al pueblo de Paraíso de Tepila, balacearon y quemaron las casas y se llevaron a 12 personas, seis eran niños. Ahora es un pueblo fantasma.
En enero de 2020, 10 músicos de la comunidad de Alcozacán fueron asesinados, entre ellos Israel, un adolescente de 15 años.
Desde entonces, los 16 pueblos que integran el territorio comunitario viven atrincherados, siempre listos para defenderse, pero, al mismo tiempo, con la vida rota.
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