La salud del Presidente, ¿un interés público?

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CIUDAD DE MÉXICO.- En 2003 el expresidente Vicente Fox (PAN) fue sometido a una intervención quirúrgica por una hernia discal; en 2008, su sucesor, el exmandatario Felipe Calderón sufrió una caída de bicicleta que le ocasionó la fractura de un hombro y la contusión de una rodilla. No se le practicaron cirugías.
Mientras que en el pasado sexenio, el priista Enrique Peña Nieto ingresó al quirófano en dos ocasiones: el 31 de julio de 2013, por un nódulo benigno en la tiroides y el 26 de junio de 2015, por un fuerte dolor y se le extirpó la vesícula biliar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido sometido a ninguna intervención quirúrgica en lo que va de su gobierno, pero como opositor en diciembre de 2013 sufrió un infarto al miocardio, además de que padece de alta presión arterial, para lo cual toma medicamento.
El pasado martes 23 de julio, durante una de sus conferencias matutinas, a pregunta de un reportero, el Jefe del Ejecutivo reveló que un día antes le hicieron sus estudios y le confirmaron que “está al 100”.
De acuerdo con expertos en materia de transparencia y politólogos, el estado de salud de los líderes de países es un debate internacional y nacional. “¿Los ciudadanos tienen derecho a saber si los presidentes padecen alguna enfermedad que los incapacite para ejercer su mandato? ¿El estado de salud de los presidentes es un dato personal y por eso debe ser reservado?”.
Para Jacqueline Peschard Mariscal, maestra en Ciencia Política por la UNAM y doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán, el tema es un largo debate, pues si bien los Ejecutivos tienen derecho a la protección de sus datos personales, la sociedad tiene la garantía respecto a la salud de sus gobernantes.
“La ley protege el que se revele su estado de salud, pero, por otro lado, la sociedad tiene derecho a saber si hay alguna enfermedad que pueda minar las facultades de alguien que tiene responsabilidades de gobierno. Es un asunto que se debate”.
Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, comentó que se trata de liderazgo político el dar a conocer esa información y no de voluntad.
“En mi opinión, la causa del interés público está por encima de la ley de protección de datos personales por la naturaleza de la encomienda, pero es un tema de liderazgo político, que le debe interesar al propio Ejecutivo para evitar que se especule y se dé la mayor cantidad de información sobre el tema, eso da estabilidad a cualquier régimen”.
Recordó el caso del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien reveló que padecía cáncer de próstata y sería operado de un tumor, pero además eliminó cualquier reserva sobre su historial clínico, con lo que puso a disposición pública el proceso de su cirugía.
Para Javier Santiago Castillo, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, es un tema que debe debatirse, porque el estado de salud de un mandatario, en el caso de que una enfermedad lo incapacite para sus funciones, lo impele a dejar la esfera de lo privado por las repercusiones que puede tener a nivel público, en la gobernabilidad y en la estabilidad política de un país.
“El asunto tendría que ser en materia legislativa. Si una enfermedad va a incapacitar a un jefe de Estado, eso sí debería ser un asunto de carácter público, pero tendría que estar legislado. En este momento ese no es tema relevante del Congreso”.
La normatividad. El artículo 16 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, mejor conocidos como derechos ARCO.
Pero también establece los supuestos de excepción a dichos principios por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud o para proteger los derechos de terceros.
De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión, son datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
“Se consideran sensibles los datos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico; estado de salud presente o futuro; información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales y opiniones políticas y preferencia sexual”.
¿Hacia dónde va México? Para la doctora Jacqueline Peschard, este es un tema que no sólo debe ser parte del debate legislativo, sino del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), porque el hecho de que en muchas ocasiones se haya resuelto por confirmar que es dato personal, no quiere decir que no se vuelva a discutir.
“Hay que discutirlo y ver qué salidas hay, así como el nivel de exigencia que la sociedad puede hacerle al Presidente, en el entendido de que tiene derecho a su vida privada, pero también una obligación de dar a conocer a las personas si tiene algún tipo de indicación grave que lo limite en sus tareas de gobierno”.
Bohórquez insistió en que más allá del debate legislativo, el problema podría resolverse por la vía del liderazgo político del Ejecutivo.
“Los ciudadanos queremos un líder que nos hable con la verdad y nos dé paz y tranquilidad de que lo que está enfrentando como cualquier otro ser humano. Quizá el tema sería quién debe informarle, hay otros países que tienen una figura de vocería muy distinta a la que tenemos en México, el vocero puede informar sobre el parte médico de forma objetiva y serena”.
El profesor Javier Santiago Castillo dijo que este es un rubro interesante que debe discutirse desde las perspectivas médica y política.