La dolorosa e indignante experiencia de la señora San Juana y el señor Silvio, padres de una joven policía de la Guardia Estatal de Tamaulipas de tan solo 26 años de edad, destapa la cloaca de la impunidad, el acoso sexual y la total ausencia de empatía que impera en los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Su hija, cuyo único “error” fue cumplir con su deber mientras gestaba una vida, se convirtió en la víctima de un sistema que no solo no la protegió, sino que la empujó activamente a perder a su bebé debido a la negligencia criminal de sus superiores.
¿Cómo es posible que las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía de Tamaulipas actúen como los verdugos de sus propios elementos operativos?
La respuesta se encuentra en el desgarrador testimonio de Don Silvio, quien relata cómo el pasado 12 de junio su hija se comunicó desesperada, manifestando que se sentía mal y presentaba un sangrado.
A pesar de que los mandos ya estaban plenamente enterados de su embarazo de 12 semanas, el coordinador del municipio de Aldama, identificado como Alejandro Tapia Olmos, le negó de forma tajante el permiso para acudir a un hospital, bajo el inhumano argumento de que en la corporación “no había preferencia para nadie” y que se tenía que subir a la patrulla “a andar de poste”.
¿Qué clase de protocolo institucional avala que se ignore deliberadamente el estado de gravidez de una trabajadora, obligándola a realizar trabajos de alto riesgo?
Ninguno que sea legal o humano, de acuerdo con los padres de la víctima, el coordinador Tapia Olmos exigía de manera absurda un dictamen médico que acreditara que el embarazo era de alto riesgo para poder retirarla de las extenuantes labores de patrullaje, ignorando deliberadamente que la joven ya se encontraba sangrando.
Esta omisión, que constituye una flagrante violación a los derechos humanos y laborales, no fue un hecho aislado, sino la culminación de un patrón sistemático de acoso y hostigamiento contra la oficial en su entorno de trabajo.
¿Cuál es la relación directa entre el acoso sexual denunciado por la oficial y la negativa de los mandos para otorgarle la atención médica urgente?
La denuncia social de los padres apunta a un trasfondo mucho más perverso: la joven policía ya había rechazado previas proposiciones indecorosas y de acoso sexual por parte del mismo coordinador Alejandro Tapia Olmos.
Al no ceder a los chantajes y acosos del mando, la respuesta institucional fue la represalia laboral, retirándole incluso las mínimas comodidades en su estancia y saturándola de guardias extremas en solitario, lo que derivó en la pérdida espontánea de su bebé por el estrés y el esfuerzo físico impuestos.
¿Por qué las denuncias formales presentadas ante Asuntos Internos, Derechos Humanos y el propio Secretario de Seguridad permanecen congeladas?
A pesar de que la gravedad del caso requería una intervención inmediata, los padres denuncian un encubrimiento absoluto desde la cúpula de la corporación. Don Silvio tuvo que llamar directamente al Secretario de Seguridad Pública para que finalmente permitieran el traslado de su hija a Ciudad Victoria, donde el diagnóstico médico confirmó el aborto.
Aunque la joven ya presentó denuncias por escrito ante la Comisión de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Internos, las autoridades han hecho caso omiso, presuntamente porque el agresor presume una supuesta protección directa por parte del director de operaciones de la corporación, un mando de apellido Charolet, así como de la Dirección de Asuntos Internos e incluso del propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Hasta cuándo se permitirá que los mandos criminales operen con total impunidad mientras las familias de los policías viven con miedo?
La señora San Juana Ortiz Maldonado hace un enérgico llamado al Gobernador del Estado y a los altos mandos para que se tomen cartas en el asunto, se destituya a los responsables y se repare el daño psicológico y físico provocado a su hija.
El miedo a las represalias es latente, ya que la familia cuenta con otros tres hijos laborando dentro de las corporaciones de seguridad del estado. La sociedad tamaulipeca no puede seguir tolerando que quienes deben garantizar la justicia y la paz sean los mismos que violenten, acosen y provoquen tragedias humanas irreparables en el núcleo de sus propias familias.
¿Dónde sucedieron los hechos donde la policía de la Guardia Estatal de Tamaulipas tuvo el aborto?
El caso toma un matiz aún más crítico al analizar la geografía del desamparo al que fue sometida la oficial, los hechos ocurrieron en el municipio de Aldama, una localidad donde las carencias en la infraestructura médica y la falta de insumos elementales en las clínicas locales obligan a la población y al personal del Estado a depender por completo de los centros urbanos más grandes.
La negligencia de los mandos obligó a que la víctima tuviera que ser trasladada hasta la capital del estado, Ciudad Victoria, ubicada a una distancia de 191 kilómetros.
Lo alarmante es que el traslado y la atención médica especializada ocurrieron casi 18 horas después de su primer llamado de auxilio, un tiempo vital y condenable que sentenció por completo el destino de su embarazo.
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Negligencia y acoso en la Guardia Estatal provocan aborto de policía
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