CD. DE MÉXICO.- El Gobierno de México anunció que, tras varios meses de una investigación financiera, detectó un esquema complejo de lavado de dinero que operaba en 13 casinos del país, lo que derivó en denuncias ante la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como en la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos y el bloqueo de páginas electrónicas y cuentas bancarias vinculadas.
La investigación, realizada de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó movimientos financieros irregulares con patrones repetitivos y operaciones inusuales que, en algunos casos, alcanzaron hasta 50 millones de pesos. Las empresas implicadas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California.
“La investigación se está fortaleciendo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina.
Acciones y señalamientos
Además de dar vista a la PFF por posibles delitos fiscales y omisiones en el cumplimiento tributario, el gobierno presentó denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Como medidas inmediatas se ordenó la suspensión temporal de actividades en los casinos físicos detectados y se bloquearon páginas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas con las operaciones irregulares.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con base en este hallazgo, inicia una nueva etapa preventiva: la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos apoyados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.
Modus operandi descrito por la PFF
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló el esquema en seis pasos: se atrae o suplantan identidades —a menudo de jóvenes estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa— y se obtienen datos bancarios; por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos con fondos de origen desconocido; esas personas realizan apuestas en casinos físicos o en línea, y el sistema registra ganancias millonarias que, en muchos casos, no llegan al apostador sino que se envían de inmediato a cuentas en el extranjero; posteriormente los fondos se dirigen a paraísos fiscales o se reutilizan en otros esquemas de apuestas para “blanquearlos”; en ocasiones sí se entrega algo de dinero a las víctimas y se les exige reenvíos que facilitan el circuito; y el proceso se repite cientos o miles de veces, permitiendo así el reciclaje de recursos.
Patrones identificados
Las autoridades señalaron tres tipos de patrones recurrentes: uso intensivo de efectivo; redes que movían dinero procedente del extranjero dentro del territorio nacional; y operaciones digitales (transferencias y plataformas de pago) que ocultaban el origen de los fondos. También se detectaron transferencias internacionales dirigidas a empresas fintech en Estados Unidos y distintos países de Europa, según las autoridades.
Cooperación internacional y respaldo legal
Sheinbaum subrayó que las investigaciones cuentan con sustento legal y se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países. El gobierno insistió en que las pesquisas forman parte de la estrategia de seguridad integral y que dar seguimiento a los flujos de recursos vinculados a la delincuencia organizada es una prioridad.
Implicaciones y camino a seguir
Las denuncias fiscales y penales abiertas por la SHCP, la PFF y la FGR abren rutas para auditorías, embargos y, en su caso, procesos judiciales contra responsables. Las suspensiones y bloqueos buscan frenar operaciones mientras avanzan las pesquisas. Las autoridades anunciaron asimismo la implementación de herramientas predictivas basadas en inteligencia artificial para ampliar la detección temprana en el sector.
Fuentes oficiales resaltaron que la investigación continúa y que las medidas son preventivas y coordinadas entre varias instituciones. Por ahora no se han hecho públicas las identidades de las empresas imputadas ni las personas señaladas; la información será ampliada conforme avancen las indagatorias y procedan actos legales.
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