TIJUANA.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda se deslindó de la información publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vinculó a su exesposo Carlos Alberto Torres Torres y otros exfuncionarios locales, en una nueva lista de personas y empresas sancionadas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadounidense anunció este martes una serie de designaciones contra personas y empresas que, de acuerdo con sus señalamientos, estarían relacionadas con la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
La acción contempla a 21 personas y 25 entidades, entre ellas Carlos Torres, a su hermano Luis Torres Torres y al ex director de seguridad en Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, a quien las autoridades estadounidenses señalan por presuntamente utilizar su influencia política para favorecer actividades de una estructura identificada como “Los Rusos”, vinculada a Los Mayos en Baja California.
Tras conocerse la publicación del Tesoro estadounidense, el Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento para precisar que Marina del Pilar Ávila Olmeda no figura entre las personas sancionadas por OFAC.
El gobierno estatal señaló además que la gobernadora está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres y que el único vínculo que mantienen actualmente es el relacionado con el bienestar de su hijo.
En el mismo comunicado, la administración estatal aseguró que Marina del Pilar no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que su patrimonio se encuentra declarado ante las autoridades mexicanas.
Como medida ante los señalamientos de Estados Unidos, la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si las empresas mencionadas en la publicación de OFAC han celebrado contratos con el Gobierno de Baja California.
En caso de encontrar relaciones contractuales, los expedientes serán turnados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones que correspondan conforme a la legislación mexicana, se lee en el texto.
El Gobierno estatal también estableció distancia respecto de las personas incluidas en la lista estadounidense y señaló que serán ellas quienes deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes. La administración estatal afirmó que no hablará en su representación.
La publicación del Departamento del Tesoro forma parte de las medidas financieras que Estados Unidos utiliza para combatir las estructuras del narcotráfico y sus redes de apoyo. Las designaciones de OFAC pueden implicar el bloqueo de bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense, además de restricciones para que personas estadounidenses realicen determinadas operaciones con los sancionados.
En el anuncio, el Tesoro estadounidense identificó a Baja California como una de las zonas relevantes dentro de la estructura que busca afectar y mencionó operaciones relacionadas con Tijuana y Mexicali.
Entre las personas incluidas también aparece Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen presuntos vínculos con sobornos y protección a actividades de la organización criminal.
La designación contra Carlos Torres ocurre además en un contexto en el que su nombre ya había sido relacionado con investigaciones y señalamientos de autoridades mexicanas y estadounidenses. En enero de 2026 trascendió que la Fiscalía General de la República investigaba una denuncia que lo vinculaba con presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, acusaciones que Torres rechazó.
De acuerdo con el propio Departamento del Tesoro, la visa estadounidense de Carlos Torres había sido revocada en mayo de 2025 debido a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La nueva publicación de OFAC detalla ahora los argumentos utilizados por Washington para incluirlo formalmente en su régimen de sanciones.
A pesar de la relación familiar que existió entre Torres y la gobernadora, Marina del Pilar no fue incluida en la lista de sancionados publicada por OFAC.
El Gobierno de Baja California sostuvo que la mandataria continuará enfocada en las tareas relacionadas con seguridad, desarrollo y bienestar de la entidad, mientras que las personas señaladas deberán responder ante las autoridades correspondientes.
La atención se centra ahora en determinar si las empresas incluidas en la acción de OFAC mantienen o han mantenido relaciones contractuales con el Gobierno de Baja California, una revisión que, de acuerdo con el propio Ejecutivo estatal, será turnada a las autoridades anticorrupción en caso de encontrarse elementos que ameriten una investigación.
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