TEXAS.- Monica Jacobsen, alta funcionaria del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, y Chris Landberg, alto funcionario del Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), viajaron esta semana a El Paso, Texas, para coordinar con socios interinstitucionales la implementación de las prioridades del presidente Donald Trump contra los cárteles, según informó la Embajada de Estados Unidos en México a través de su cuenta oficial en X.
En el mismo mensaje, la representación diplomática señaló que el gobierno estadounidense mantiene su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para desarticular organizaciones criminales y terroristas transnacionales, incluidas las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
El marco jurídico vigente
El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que instruyó al Departamento de Estado a evaluar la designación de cárteles y otras organizaciones como FTO y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Las designaciones activan tres tipos de consecuencias legales en territorio estadounidense: responsabilidad penal por “material support” bajo 18 U.S.C. §2339B, con penas que pueden llegar a cadena perpetua; sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con las organizaciones designadas; y demandas civiles privadas bajo la Anti-Terrorism Act, que contemplan daños triplicados.
Perfiles de los funcionarios
Monica Jacobsen es Senior Bureau Official del Buró de Contraterrorismo y funge como encargada del despacho de la Enviada Especial de Estados Unidos para la Coalición Global contra ISIS. Es egresada de Columbia University y de la Facultad de Derecho de Berkeley. Antes de su cargo actual sirvió en la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, donde participó en designaciones de organizaciones terroristas y en sanciones bajo la Ley Magnitsky Global.
Chris Landberg es Senior Bureau Official del Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). En febrero pasado fue la voz oficial del anuncio de recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de René y Alfonso Arzate-García, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana. En diciembre de 2025 compareció ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para explicar la respuesta del gobierno mexicano frente a las designaciones FTO.
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