Exceso de reformas erosiona legitimidad, afirma ministra Norma Piña; pide a universitarios pensamiento crítico

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CD. DE MÉXICO.- “La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad”, dijo la presidenta de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández.

La ministra inauguró este jueves el décimo sexto Encuentro Jurídico Universitario y la Exposición Jurídica, donde afirmó que al sistema de justicia le hace mucha falta el talento universitario para que se afronte y se ayude a superar los retos que enfrenta la justicia en México.

Piña Hernández aseguró que por décadas el Poder Judicial Federal, por conducto de sus impartidores de justicia, ha hablado a través de sus sentencias, las cuales han sido reconocidas tanto a nivel nacional como internacional por proteger derechos y libertades, “es un legado que se debe reconocer y la historia así lo hará”, destacó.

Consideró que es indispensable que las nuevas generaciones de estudiantes cultiven y potencien el pensamiento crítico y la creatividad para garantizar el derecho de cada persona de acceder a una justicia pronta, completa, imparcial e independiente.

Recordó que la Constitución permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, sin embargo, dijo, desde su creación en 1917, ha registrado más de 800 modificaciones, signo inequívoco de permeabilidad constitucional, que tiene dos rostros: la adaptabilidad como un texto vivo, dinámico a las nuevas y emergentes reglas del juego, “pero implica que la excesiva flexibilidad a la hora de ser modificada erosiona su estabilidad y legitimidad, vulnerando sus atributos, como ese manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos”.

La presidenta de la Corte estuvo acompañada por las ganadoras de la competencia “Camino hacia la Suprema Corte 2024”, un ejercicio en donde participaron 150 universidades para analizar casos en materia de derechos humanos y derecho constitucional.

Las ganadoras fueron la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y la Universidad Panamericana, campus Santa Fe.

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