MONTERREY.- Por el impacto que tendría en la distribución de mercancías, empresarios de la Caintra de Nuevo León expresaron su preocupación ante el acuerdo anunciado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el que se suspenden plazos y términos para la regularización del transporte de carga, hasta el 31 de diciembre de 2022.
La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de la entidad señaló que detener el crecimiento del sector de transporte por dos meses ocasionaría un tsunami de trámites y pendientes a partir del primero de enero del 2023, sin capacidad para la autoridad y empresarios de contar con una salida oportuna en el corto plazo; además de las complicaciones económicas y logísticas acumuladas.
Ante ello, la organización empresarial hizo “un respetuoso y firme llamado a las autoridades federales involucradas, para generar un plan emergente de reactivación anticipada o paralelo que permita mantener el desahogo de trámites”.
Caintra señaló, “estamos seguros que de forma colaborativa el sector transportista, industrial, así como autoridades podemos construir un plan alterno temporal que con innovación, disposición y trabajo en equipo nos permita mantener en marcha a México a través de sus operaciones de transporte”.
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Aseveró que, de no atenderse esta demanda, los impactos negativos que pueden derivar en afectaciones a la distribución de los insumos y mercancías que diariamente requieren la industria, el comercio y consumen las familias de México, al retrasar el ingreso de nuevo vehículos al sector y en consecuencia presionar más la inflación hacia el cierre del año.
“México cruza por una recuperación económica y estamos en la antesala de una época de alto consumo que requiere de una fuerte movilización de mercancías. Cada día se requiere de más servicio de autotransporte que pueda enfrentar la demanda nacional y de las cadenas globales; por ello es por lo que la decisión de suspender temporalmente los términos y plazos en la SICT, desconcierta al sector al poner en riesgo el abastecimiento a los centros productivos y de consumo”, puntualizó la Caintra.
Al mismo tiempo, expuso que preocupa a sus agremiados que la falta de claridad normativa pudiera derivar en un incremento de la extorsión por parte de las autoridades en la operación diaria del sector y citó que, en el último sondeo de la agrupación relacionado con el transporte de carga, casi 3 de cada 10 empresas fueron víctimas de esa práctica.
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