Cabeza de Vaca niega delitos; asegura que acusación es por incumplimiento fiscal

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CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.-Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, confirmó este martes la notificación de la Cámara de Diputados para el proceso de solicitud de su desafuero, que tramitó la Fiscalía General de la República (FGR) y confirmó que el delito que se le acusa es por la venta de un departamento por la cantidad de 42 millones de pesos.

Además, descartó que en la denuncia no obra supuestos delitos de huachicoleo, narcotráfico o colaboración con el crimen organizado.

En una publicación que hizo este martes por la mañana en su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que la petición por la cual la Fiscalía General de la República exige la no protección, es por la sospecha de no pagar los impuestos por la transacción de la venta de un departamento ocurrida a finales del 2019 por la cantidad de 42 millones de pesos.

 

Explicó que la acusación de lavado de dinero proviene de que la venta de ese departamento fue canalizado a través del sistema financiero mientras que la presunta comisión de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia.

Puso en tela de juicio al Ministerio Público al acusar que insertaron suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que no tienen que ver con las conclusiones que se deben analizar para consideración a su desafuero por parte de la Cámara de Diputados.

Aseguró la inexistencia de una acusación o evidencia de alguna investigación por parte de agencias de Estados Unidos, así como los relacionados con el huachicoleo, narcotráfico o colaboración con el crimen organizado como se manejó por primera vez.

Aunque en una serie de ocasiones solicitó las acusaciones para defenderse, no fue escuchado pero una vez que ya supo de la denuncia proceder a defenderse conforme a la ley.

Casi de manera simultánea su defensor, Alonso Aguilar Sinzer, dijo públicamente que una vez notificados procederán a comparecer a la Sección Instructora del Congreso de la Unión.

“Vamos a comparecer a la sección instructora dentro de 7 días naturales para contestar la acusación respecto de los hechos. Habrá un periodo de ofrecimiento y desahogo de pruebas y posteriormente tendremos la oportunidad, ya con las pruebas de formular alegatos para a acreditar y probar que el gobernador no es responsable de lo que hoy se le imputa”.

“La acusación específica concreta es que, en 2019 el gobernador recibió 42 millones de pesos en depósito que podrían ser de origen ilícito y que fueron dispersados entre empresas de su familia”

Dentro del proceso acreditarán que ese dinero lo recibió el gobernador por haber vendido un departamento que se ubica en Santa Fe y que lo compraron a un precio menor en 2013, lo remodelaron y junto con su esposa lo vendieron más caro al tener plusvalía.

Agregó que tanto el gobernador como su esposa pagaron sus impuestos y que el dinero que recibieron fue dentro de cuatro partidas que después se dispersaron en una compañía de la familia.

“Lo que sí quiero ser enfático, la acusación específica o concreta Presentada por la fiscalía no entraña o implica vínculos con delincuentes, vínculos con bandas de narcotráfico, vínculos con huachicoleo investigaciones derivadas de investigaciones en los Estados Unidos”.

Referente a estos últimos ilícitos se basaban en recortes periodísticos presentados por Alejandro Rojas Díaz Durán y una denuncia anónima a través de un email los cuales no procedieron.

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