WASHINGTON.- Los arrestos de migrantes que cruzan de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos aumentaron en julio tras meses a la baja, confirmó este viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Hemos visto un incremento en julio”, aseguró Blas Núñez Neto, subsecretario de política fronteriza, en una llamada con reporteros en la que aseguró que el aumento no fue inesperado porque se trata de la época del año en la que generalmente “se ve un aumento en la migración”.
Aunque Núñez no dio cifras sobre la cantidad de detenciones el mes pasado, el diario The Washington Post adelantó esta semana que más de 130 mil personas fuera arrestadas en la frontera con México, según datos de DHS que aún no han sido publicados.
Estas cifras representan un aumento de más de 30 % en comparación con junio, donde se registraron 99 mil 545 detenciones.
El gobierno de Joe Biden reivindicaba que habían bajado las llegadas en la frontera desde que en mayo aplicó nuevas restricciones a los cruces irregulares, en sustitución de la política de deportaciones del Título 42 que se utilizó durante la pandemia de covid-19.
Defienden políticas “efectivas”
A pesar del incremento de julio en la cantidad de personas que buscan cruzar hacia EU., Núñez defendió la nueva política fronteriza, asegurando que “siguen siendo efectivas”.
El funcionario agregó además que en la última semana han deportado a más de mil familias a diferentes países en Latinoamérica.
El pasado mes de mayo, la Administración demócrata dio luz verde a una nueva norma que califica como “no aptos” para solicitar asilo a quienes crucen de manera irregular la frontera y no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EU.
Bajo esta regla, las personas que entren bajo esta definición podrán ser deportadas a México o a sus países de origen y enfrentar una prohibición de 5 años a la entrada a EU.
La normativa ha sido el sujeto de varias demandas por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, los cuales argumentan que la norma va en contra de las leyes estadounidenses y pone en riesgo la vida de quienes desean pedir asilo.
Sin embargo, un tribunal de apelaciones en California falló ayer a favor de mantener las restricciones, después de que un tribunal en primera instancia las congelara.
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