CD. VICTORIA.- Un litigio entre particulares escaló este jueves a las afueras del Poder Judicial Federal, hasta donde acudieron a manifestarse un matrimonio que reclama la resolución de un magistrado en un amparo federal y con el que, aseguran los quieren despojar de un predio de 10 hectáreas en Santa Engracia.
María Perla Olazarán Pérez y su esposo, Lauro Esteban Olmeda Villarreal, acudieron a las instalaciones del Poder Judicial Federal para acusar al magistrado federal Rubén
Darío Silva por presuntamente favorecer a Román Cano Cabrera, quien reclama 10 hectáreas del Rancho San Pedro de los Ruices.
Explicó que desde hace alrededor de 50 años, son propietarios de un rancho familiar una superficie total de 23.40 hectáreas, que tienen como parte de una herencia y del cual cuentan con escrituras que los acredita como propietarios.
Sin embargo, hace cinco años, señaló que Cano Cabrera habría intentado comprarles parte de la propiedad, lo que no fue aceptado por parte de la familias, por lo que el hombre interpuso una demanda para reclamar 10 hectáreas del terreno.
Explicó que el demandado presentó unas escrituras, que aseguró son falsas, ya que las medidas no coinciden, y tampoco no cuentan con un plano oficial del terreno que busca le sea reivindicado.
Lauro Esteban Olmeda Villarreal explicó que incluso, cuentan con un certificado del Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas, donde se asentó que la escritura de la contraparte no cuenta con antecedente en el Registro y por tanto no cuenta con validez jurídica.
María Perla Olazarán mostró unas escrituras que la acreditarían como propietaria del predio, señalando que cuentan con un plano oficial y se encuentran al corriente con el pago de los impuestos correspondientes.
Explicó que el tema escaló y Cano Cabrera buscó el amparo de la justicia federal para continuar con el reclamo de las tierras, integrándose el amparo 125/2022, mismo que fue resuelto por el magistrado Rubén Darío Silva.
Los manifestantes también cuestionaron la determinación de entregar a Cano Cabrera el terreno ubicado a la altura del kilómetro 22 de la carretera Interejidal, pese a los documentos que aseguran haber presentado durante el litigio.
La pareja, acompañada por familiares, informó que interpondrán una denuncia contra el magistrado y demás personas que intervinieron en el caso para otorgar escrituras con un deslinde que no corresponde.
Aunque la manifestación pretendía ser pacífica, en un momento uno de los manifestantes pateó la puerta y uno de los vidrios se rompió, sin lograr entrar al edificio.
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