BRUSELAS.- Las protestas registradas en Francia, Bélgica, España, Italia, Portugal, Grecia, entre otros, colocan nuevamente los reflectores en el modelo de bienestar europeo, un sistema de larga tradición arraigado profundamente en los valores de la Unión Europea (UE).
Si bien existen variaciones significativas en toda la UE en cuanto a cómo se prestan los servicios de la seguridad social, todos, incluyendo los que se adhirieron al proyecto europeo más tarde, como los del este (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania) y el centro (Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), buscan proteger y apoyar a los más vulnerables. Algunos dicen que las manifestaciones presenciadas en las últimas semanas en las urbes europeas son resultado del incumplimiento de promesas asumidas por las élites europeas en materia de pobreza, educación, vivienda, empleo, igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos, particularmente aquellos dirigidos a la juventud y los grupos menos favorecidos.
Denuncian que los gobiernos no han invertido lo suficiente en capital social y humano para hacer más resistentes los sistemas públicos ante las crisis económicas; golpeó a Europa la crisis bancaria en 2008, después la de Covid en 2020 y desde 2022 la energética por la guerra de Rusia contra Ucrania y profundizada por la intervención armada de Israel y EU en contra de Irán.
Otros afirman que se ha trabajado e insisten en que el problema radica en la incapacidad que tienen las instituciones de la UE y los gobiernos para transmitir lo que se hace; un problema que se ha amplificado con las redes sociales.
Las protestas en Europa no son un movimiento único y coordinado. Cada una tiene sus propias motivaciones; en Francia la mecha se prendió por quejas estudiantiles. “Las protestas se desencadenaron por la indignación ante la mala calidad de la educación pública: aulas masificadas, jornadas escolares prolongadas y unas infraestructuras en deterioro. Los estudiantes reclaman más profesores y personal de apoyo, mejores instalaciones y un acceso más equitativo a la educación superior”, afirma Pauliina Patana, catedrática del BMW Center for German and European Studies de la Universidad Georgetown.
“En los últimos días, las protestas estudiantiles se han convertido en una movilización social más amplia en torno a los servicios públicos y el coste de la vida; sindicatos y grupos como los Chalecos Amarillos, cuya movilización generalizada en 2018 abordó muchos de estos temas, se han sumado”.
De acuerdo con la Agencia de Estadísticas de la UE (Eurostat), el porcentaje de abandono escolar ha disminuido en la última década, de 11% en 2015 a 9.1% en 2025, muy cerca del objetivo fijado en 9% para 2030. Rumania, Alemania y España registran índices de 15.5% a 12.8%; y Croacia, Grecia e Irlanda, de 2.1% a 3.6%. También ha bajado la tasa de los jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian, tienen empleo o reciben formación, de 15.2% en 2015 a 11% en 2025; con sus notables diferencias entre los países, la tasa va de 5% en Holanda a 19% en Rumania.
Para Eurostudent, un programa del German Centre for Higher Education Research and Science Studies de Hannover, estas mejoras no implican que hayan desaparecido las dificultades económicas de los estudiantes matriculados. Sostiene que son cada vez más los desafíos económicos a los que se enfrentan.
De acuerdo con sus sondeos, 26% de los estudiantes declara dificultades económicas graves o muy graves, 18% no puede afrontar un gasto extraordinario importante e imprevisto, y 59% trabaja durante el periodo escolar. Las protestas en Grecia están sobre todo vinculadas a las condiciones de vida. La reducción de la pobreza en la UE no ha sido lineal, cayó entre 2010 y 2018, entre ese último año y 2025 tuvo retrocesos intermedios y una mejora moderada. El balance global en 2026 es de una mejora de la cohesión social, pero con desigualdades entre los países y un importante segmento de la población que continúa excluido.
El año pasado cerró con 92.7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 20.9% de la población de la UE (23.8% en 2010). Estas personas se caracterizan por padecer al menos uno de tres indicadores con los que Bruselas mide ser pobre: tener ingresos inferiores a 60% de la mediana de la población del país, trabajar menos de 20% de su capacidad en comparación con el año previo o sufrir alguna carencia material severa. Bulgaria, Grecia y Rumania registran los indicadores más elevados, de 29% a 27.4%, y República Checa, Polonia y Eslovenia, los más bajos, de 11.5% a 15.5%.
La tasa de riesgo de exclusión social sigue siendo mayor entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, 24.2% en 2025, una disminución con relación a 25.1% de 2019. La meta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es reducir la pobreza en 15 millones de personas y elevar la tasa de empleo a 78%. En 2025 fue de 75.1%. En España, Portugal e Italia han salido a las calles para reivindicar causas sociales, asociadas a la vivienda y el costo de vida.
En un estudio en el que participaron varios expertos, entre ellos Marie Hyland, el European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) sostiene que el problema de la vivienda inasequible no es nuevo en Europa, sólo que en los últimos años se ha generalizado.
Señala que “los jóvenes europeos se enfrentan a esta crisis en una etapa crucial de sus vidas, lo que obliga a muchos a adoptar formas de convivencia que, de otro modo, no habrían elegido, como residir con sus padres o familiares. El resultado es la renuncia a oportunidades profesionales y educativas, lo cual repercute en su salud y bienestar, además de influir en sus decisiones sobre la formación de una familia”.
Asegura que la solución más prometedora sigue siendo aumentar la oferta de vivienda asequible. “Las incertidumbres geopolíticas, demográficas y tecnológicas actuales agudizan las tensiones entre las necesidades de bienestar y las preocupaciones por la competitividad. Un clima político más de derechas corre el riesgo de reavivar los discursos que presentan el gasto social como una limitación, en lugar de factor de crecimiento productivo”, sostiene la última evaluación sobre la política social de la UE realizada por el European Trade Union Institute (ETUI).
“Hay más datos que demuestran que las inversiones en capital humano, la atención a la primera infancia, las instituciones inclusivas del mercado laboral y la conciliación de la vida laboral y familiar con perspectiva de género generan beneficios cuantificables a largo plazo”.
Para los estudiosos del ETUI, entre ellos Slavina Spasova y Dalila Ghaila, el debate ya no se centra en el riesgo de que la Europa social quede relegada, la atención está en su capacidad para sobrevivir y adaptarse ante las presiones cada vez mayores desde el exterior: la guerra de Rusia contra Ucrania, unas relaciones transatlánticas desestabilizadas, la creciente presión para descarbonizar y reindustrializar, y el peso, que se manifiesta de forma gradual, del envejecimiento demográfico.
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