La Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá redoblaron su presión sobre el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, este lunes con la imposición de sanciones coordinadas, en reacción al desvío de un avión en mayo para detener a un opositor.
“Estamos unidos en nuestra profunda preocupación por los continuos ataques del régimen de Lukashenko contra los derechos humanos, las libertades fundamentales y el derecho internacional”, indicaron en un comunicado conjunto.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, afirmó que las medidas “demuestran el firme compromiso transatlántico de apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso”.
Tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos sancionaron a decenas de individuos y entidades por la brutal represión ejercida contra la oposición desde que Lukashenko se declaró vencedor en las elecciones del pasado agosto, que los países occidentales tacharon de fraudulentas.
Además, los 27 países del bloque y el Reino Unido añadieron a siete responsables -incluyendo a los ministros bielorrusos de Defensa y de Transportes- a su lista negra de sancionados por el desvío de un vuelo comercial operado por Ryanair a finales de mayo.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, reunidos en Luxemburgo, también aprobaron medidas para penalizar importantes fuentes de ingresos del régimen bielorruso: exportaciones de fertilizantes potásicos, la industria tabacalera, el petróleo y productos petroquímicos.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, señaló que las sanciones económicas deberían adoptarse formalmente dentro de poco.
“Hoy hemos confirmado y decidido que se tomarán sanciones sectoriales”, que “afectarán masivamente a Beielorrusia y a los ingresos del Estado, de los que depende Lukashenko y su régimen” dijo el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, antes del encuentro.
“Queremos la liberación de los presos políticos y que termine la violencia contra los manifestantes y la oposición, y un diálogo inclusivo que conduzca a la libertad y a elecciones libres y justas”, agregó.
La líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya aplaudió las sanciones coordinadas y afirmó que envían una señal “potente” al régimen de Lukashenko.
“Es un mensaje claro al régimen de que continuamos trabajando juntos contra la violencia en los derechos humanos, contra la ilegalidad”, declaró Tijanóvskaya en una entrevista con la AFP en Bruselas.
El presidente bielorruso suscitó una ola de indignación internacional al interceptar, el 23 de mayo, un avión comercial de Ryanair que cubría ruta entre Grecia y Lituania.
Cuando la aeronave se vio obligada a aterrizar en Minsk, las autoridades bielorrusas arrestaron al periodista crítico Roman Protasévich y a su compañera, Sofia Sapega, que iban a bordo.
La UE respondió rápidamente, bloqueando el acceso de las aerolíneas bielorrusas al espacio aéreo del bloque y pidiendo a las compañías de sus países miembros que no atraviesen espacio aéreo bielorruso.
El año pasado, el bloque comunitario ya ordenó sanciones contra 88 individuos -incluyendo al presidente Lukashenko y a su hijo- por la violenta represión de las manifestaciones que se celebraron en el país después de las elecciones.
Estados Unidos ya impuso una serie de sanciones a empresas estatales bielorrusas en mayo, después de que las autoridades obligaran a aterrizar al avión de Ryanair alegando una amenaza de bomba.
Las autoridades bielorrusas detuvieron a miles de manifestantes durante las protestas del año pasado, y según la UE, todavía hay encarcelados unos 500 presos políticos.
“Estamos mostrando claramente que el estalinismo y el terrorismo de Estado ya no tienen cabida en el siglo XXI”, apuntó el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn.
Hasta la fecha, Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994, ha hecho caso omiso de la presión internacional, apoyándose en su aliado clave, Rusia.
El ministro de Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, denunció que Bielorrusia está respondiendo enviando a migrantes, la mayoría iraquíes y sirios, a través de su frontera.
El responsable advirtió que la llegada de migrantes podría incrementarse tras la aprobación de las sanciones y que Lituania “podría necesitar ayuda y asistencia de otros países europeos” para gestionar la situación.
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