Indagan en Guerrero desaparición de montadores de toros

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Montador de toros

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició de oficio una investigación por la probable desaparición de siete montadores de toros que iban a un jaripeo en el estado.

Los jinetes salieron el viernes pasado de Cuautla, Morelos, hacia el municipio guerrerense de San Miguel Totolapan, según la denuncia que interpuso la madre de uno de los desaparecidos ante autoridades de la primera entidad.

En esa acusación, se reportó la desaparición de 10 personas en total, ocho de las cuales eran montadores; sin embargo, la Fiscalía de Guerrero sólo se refirió a siete.

El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, indicó que los familiares de los jinetes no han establecido contacto con la Fiscalía ni han interpuesto denuncia por su desaparición.

Sin embargo, se mantiene una permanente comunicación con la Fiscalía General de Morelos para cualquier intercambio de información y desahogo de diversas de diligencias.

El portavoz informó que se activaron mecanismos de búsqueda y localización con la participación de las instituciones de seguridad federal y estatal.

Fiscalía de Morelos, con 6 denuncias por caso de montadores de toros

La Fiscalía General del Estado precisó que tiene seis denuncias por la desaparición de igual número de jóvenes montadores de toros que salieron de la ciudad de Cuautla, Morelos, para participar en un jaripeo en el estado de Guerrero el pasado 17 de febrero.

En un comunicado, informó que las denuncias fueron recibidas en la Fiscalía de la Región Oriente, con sede en Cuautla, donde el Ministerio Público y la Policía de Investigación Criminal siguieron el protocolo establecido y difundieron las cédulas de búsqueda y localización en las redes sociales y por los medios de comunicación masivo, cuando así lo autorizaron sus familias.

La Fiscalía morelense agregó que a las seis denuncias se sumó otra en el municipio de Amecameca, Estado de México, de una persona que se integró al grupo de montadores que participaría en un jaripeo en el poblado de Linda Vista, Guerrero.

“Conforme a los primeros resultados de la investigación, se sabe que las desapariciones de estas siete personas se dieron en territorio guerrerense, por lo cual se remitirán las carpetas de investigación a la Fiscalía del Estado de Guerrero, y se mantendrá en Morelos el desglose respectivo”, informó la Fiscalía.

Más adelante, subrayó que la Representación Social colaborará en las labores de búsqueda y localización de las personas desaparecidas en coordinación con su homóloga guerrerense.

El miércoles, Laura Quevedo Aguilar, madre de Carmelo, un joven de 19 años montador de toros, conocido como “El Canelo de Cuautla Aguilar”, relató que el viernes pasado su hijo y siete montadores salieron de Cuautla Morelos rumbo al municipio de Totolapan, estado de Guerrero, para participar en un espectáculo en aquella región; las otras dos personas reportadas como desaparecidas son el conductor del vehículo y su esposa, con domicilio en el Estado de México.

A su vez, la Fiscalía General de Guerrero emitió un comunicado para informar el inició de oficio de la investigación correspondiente por la desaparición de los montadores de toros.

El vocero de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, afirmó que ya se activaron los mecanismos de búsqueda y localización con la participación de las instituciones de seguridad federal y estatal en la zona. Además realizó un llamado a los captores que pudieran tener secuestrados a los montadores, para que respeten su vida y los entreguen sanos y salvos a sus familias.

Álvarez dio a conocer que los familiares no han establecido contacto con la Fiscalía guerrerense, ni han interpuesto la denuncia correspondiente pero mantienen una comunicación permanente con la Fiscalía General de Morelos para intercambiar información y desahogo de diversas diligencias.

El miércoles pasado, Laura Quevedo dijo que recibió mensajes desde el teléfono celular de su hijo y en los textos amagaron con matarlo si no depositaba 3 mil pesos a una cuenta. Al exigir una prueba de vida, los presuntos secuestradores cortaron comunicación.

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