BRASILIA.- Los nuevos representantes de la empresa X en Brasil presentaron este jueves un documento a la Corte Suprema, en el que alegaron haber cumplido con todas las determinaciones de ese tribunal y pidieron que se levante la suspensión de sus servicios, informaron fuentes oficiales.
La solicitud fue enviada al magistrado Alexandre de Moraes, quien es responsable en el Supremo de un proceso sobre divulgación de falsa información y delitos de odio en Internet, que el pasado 31 de agosto suspendió las actividades de la empresa del magnate Elon Musk en el país.
El juez tomó esa determinación después de que la compañía se negara “reiterada y sistemáticamente” a cumplir decisiones de la Corte, que ordenaban la suspensión de perfiles que “sembraban desinformación y odio”.
X retiró a sus representantes legales de Brasil e incumplió el pago de sanciones pecuniarias por casi cuatro millones de dólares, entre otros desacatos.
Musk se valió de su propia red social para responder a De Moraes, a quien llegó a tildar de “dictador” y acusó incluso de “violar” la propia Constitución brasileña, aunque frente a la firmeza del juez ha ido aceptando gradualmente todas sus decisiones.
En el documento presentado este jueves, los nuevos representantes legales de X en el país alegan que la empresa ha cumplido finalmente todas las decisiones de la corte y pidieron formalmente “el restablecimiento del funcionamiento de la plataforma en Brasil”.
La red social X tenía al momento de su suspensión unos 20 millones de usuarios en Brasil y estaba desde hace meses en la mira de la Justicia, sobre todo por permitir la difusión de información falsa y mensajes de odio, atribuidos en su mayoría a activistas de la extrema derecha.
Eso fue reflejado en la sentencia del juez De Moraes que, el 31 de agosto pasado, ordenó la suspensión de X en el país, por sus “reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas”.
Según el magistrado, todo eso tendría la intención de “instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley'”, así como facilitar “la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en redes sociales”, mediante una “masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”.
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