El cumplimiento de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Atenco ha permanecido paralizado desde octubre de 2019.
Así lo afirmaron las mujeres víctimas de los hechos ocurridos en mayo del año 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México en conferencia de prensa en el marco de los 15 años del operativo en el que fueron detenidas, torturadas y violadas.
La resolución de la CorteIDH fue notificada al gobierno mexicano en diciembre de 2018 y en sus resolutivos el organismo internacional ordenó implementar nueve medidas de reparación, investigación y no repetición a favor de las mujeres que fueron reconocidas como víctimas de tortura sexual por parte de agentes del Estado.
De todas las medidas, sólo dos fueron cumplidas en su totalidad, mientras que permanecen siete pendientes de cumplimiento.
Entre ellas el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para la cual el gobierno mexicano contaba con dos años para cumplir mismos que ya concluyeron.
“A partir de octubre de 2019 se encuentra detenido, han cambiado al menos tres ocasiones de ruta para su funcionamiento”, señaló Sofía de Robina, colaboradora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que asesora a las víctimas.
“Después de dos años siguen buscando la manera en que se va a formalizar el mecanismo, mismo que únicamente emitió dos dictámenes, lo que demuestra que su funcionalidad ha sido nula pues nosotras hemos seguido documentando la persistencia de esta práctica contra las mujeres, muchas de ellas en prisión”.
Otra medida fue la creación de un observatorio independiente para supervisar el uso de la fuerza mismo que debía incluir a la Policía Federal.
De la Robina explicó que, con la creación de la Guardia Nacional, con la que se eliminó la PF, las víctimas pidieron incluir a la nueva corporación en el observatorio pero que la Secretaría de Gobernación no ha convocado a las víctimas a ninguna mesa de diálogo para ver cómo va el cumplimiento de esta medida.
Por ello, las víctimas enviaron a la SEGOB en 2019 una propuesta de observatorio independiente.
“En su tercer informe el Estado mexicano respondió a la Corte que las instituciones ya tienen órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación, por lo que un observatorio como este podría afectar al sigilo de la investigación”, añadió de Robina.
Esto, fue calificado por las víctimas de preocupante pues con esta respuesta consideraron que el Estado mexicano rechazó cumplir con este punto de la resolución de la CorteIDH.
“Hoy no traemos buenas noticias, tenemos las peores noticias (…) hemos recurrido a cuatro gobiernos distintos para exigir justicia y los cuatro nos han llevado al límite”, reprochó Bárbara Méndez, víctima de Atenco.
“Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más”.
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