TAMAULIAS.- La Secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manatou Galván, urgió a realizar una reforma a la Ley del IPSSET que le dé viabilidad a las pensiones de los trabajadores del gobierno del estado.
Actualmente, el gobierno paga 150 millones de pesos mensuales en pensiones, pero si no se implementa una reforma, estos fondos solo alcanzarán hasta el año 2028.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria Luisa Eugenia Manatou Galván reveló que solo en 2024 se generaron 859 nuevos pensionados, lo que eleva el padrón total a 10,419 beneficiarios.
“Al inicio de la administración, en 2022, se contaba con suficiencia hasta 2024, pero se logró ampliar el plazo hasta 2028”, explicó Manatou Galván.
En 2022, el gobierno contaba con una reserva de 3,672,750,085 pesos. Para 2024, esta reserva se incrementó a 4,714,501,784 pesos, con un aumento de 1,041,751,699 pesos.
Cabe destacar que las reservas líquidas de ese periodo sumaron 660,366,172 pesos, lo que representa el dinero disponible para el pago de pensiones.
Frente a los legisladores, en el marco del tercer informe del gobernador Américo Villarreal, la secretaria reconoció la necesidad urgente de una reforma a la Ley del IPSSET, especialmente para el pago de pensiones.
Manatou Galván explicó que la esperanza de vida promedio es de 74 años, lo que significa que, una vez jubilado, un trabajador puede recibir pensiones durante un promedio de 14 años. En caso de fallecer el trabajador, se continúa pagando a su esposa, y si hay hijos, también se les otorgan pensiones. En los casos donde los hijos tengan alguna discapacidad, el pago de la pensión es indeterminado.
Además, el panorama se complica aún más por el alto número de pensionados mayores de 74 años. El IPSSET tiene actualmente a 2,200 pensionados de hasta 100 años de edad, que superan esta expectativa de vida.
“Si consideramos esa esperanza de vida más los 15 años adicionales, estamos hablando de pagar una pensión durante 30 años. ¿De dónde más va a salir el dinero?”, cuestionó la funcionaria.
La secretaria también destacó que un fondo de pensiones resulta insuficiente para enfrentar estas situaciones. “Es necesario trabajar para garantizar que los pensionados sigan recibiendo sus pagos”, afirmó.
Se advirtió que si el instituto no puede cubrir las pensiones, la ley establece en su artículo 32 que el patrón, es decir, el poder correspondiente, tendrá que hacerse cargo de los pagos. Por ello, es urgente tomar medidas para evitar un colapso en las finanzas públicas.
Otro factor que agrava la situación es el aumento del salario mínimo desde 2018, lo cual afecta tanto a la “pensión mínima garantizada” como al tope de las pensiones. En 2018, el tope de las pensiones era de 26 mil pesos, pero en 2024 este monto se incrementó a 86 mil pesos. De manera similar, la pensión mínima garantizada pasó de 3 mil a 8 mil pesos.
Es importante señalar que en Tamaulipas hubo 31 años sin realizar una reforma a la Ley de Pensiones, con cambios solo en 1984 y 2015. Esto provocó que las aportaciones de los trabajadores fueran muy bajas, y aunque cumplían con la antigüedad, las contribuciones eran insuficientes para cubrir los pagos de pensiones a largo plazo.
La secretaria de Administración explicó que actualmente los trabajadores activos están financiando las pensiones de los jubilados, ya que los fondos de pensiones se están agotando. En el año 2000, había diez trabajadores activos por cada pensionado; hoy, esa cifra se ha reducido a cinco activos por cada jubilado, y la nómina de pensionados continúa incrementándose cada año.
Manatou Galván recordó que, antes de las reformas, no existía una edad mínima para jubilarse, lo que permitió que algunos trabajadores se jubilaran a los 45 años. Fue hasta la reforma de 2015 cuando se estableció una edad mínima de jubilación de 62 a 65 años, aunque aquellos que entraron al gobierno en ese año aún no pueden jubilarse.
Además, la secretaria mencionó que anteriormente algunos trabajadores se jubilaban con su último recibo de salario, ya que no existía un salario regulador. Antes de la reforma, era posible cambiar de clave o nivel y jubilarse con un salario más alto. Ahora, el salario regulador se toma en cuenta en los últimos cinco años de servicio para evitar estos cambios.
Otro inconveniente del sistema de pensiones es que, además de las pensiones, el Estado paga tres meses de aguinaldo, lo que implica un costo adicional, ya que no se aportan estos tres meses al sistema. En total, el Estado paga 15 meses en lugar de los 12 meses correspondientes, explicó la secretaria. Además, hay pagos por concepto de despensas y becas.
Un factor adicional que recientemente salió a la luz es que entre 2010 y 2016 no se realizaron los pagos de cuotas y aportaciones al IPSSET debido a que la Secretaría de Finanzas dejó de pagar las contribuciones tanto de los trabajadores como de la parte patronal. Esto afectó gravemente la suficiencia del fondo de pensiones.
«Esto ha generado que el fondo no tenga una suficiencia a largo plazo. La estrategia fue fortalecer el fondo y alargar su duración por cuatro años más, con un incremento de las reservas líquidas de 660 millones de pesos», explicó Manatou Galván.
Para llevar a cabo una nueva reforma, la secretaria admitió que es necesario contar con el asesoramiento de un despacho especializado, el cual asesora a 24 estados y 25 universidades en materia de pensiones.
Finalmente, destacó que los recursos destinados a las pensiones hasta 2028 están proyectados en función de los presupuestos de ingresos y egresos, aunque estos no son definitivos en este momento.
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