CD. VICTORIA.- El 8 de junio del año próximo, se llevará a cabo una elección inédita para elegir a 24 magistrados y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación en Tamaulipas.
En la misma jornada, se elegirá a los nueve ministros que ahora conformarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así lo indica el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que será votado en la Cámara de Diputados y aprobado a partir el 1 de septiembre cuando Morena y aliados cuenten con la mayoría calificada para reformar la Constitución.
Dos años después, en la elección federal concurrente del 2027, se elegirán a otros 25 magistrados y jueces federales de Tamaulipas.
Además, en esa fecha se llevaría a cabo la primera elección para conformar la nueva estructura del Poder Judicial local.
En ese caso, el proceso electoral sería mucho más grande, pues en el estado hay 103 Juzgados de Primera Instancia: 14 atienden la materia Civil; 20 el área Familiar; 18 resuelven los asuntos de carácter Penal, 6 de Justicia para Adolescentes, 11 Mixtos, 21 Menores, 5 de Ejecución de Sanciones, 1 de Ejecución de Medidas y 15 Juzgados de Control.
A eso se suman los diez magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que actualmente son designados por el Congreso, pero que ahora serían electos también a través de las urnas.
El dictamen que ya circula en la Cámara de Diputados presenta 100 cambios con relación a la inciativa presentada originalmente por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Uno de ellos es que la renovación de los mandos del Poder Judicial sea gradual, por lo que el año entrante se llevaría a cabo la elección para renovar la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasaría a tener nueve en lugar de once ministros, y la mitad de los magistrados y jueces de distrito de todo el país, dando prioridad a los distritos vacantes, o donde haya procesos de jubilación.
En el caso del Distrito 19, de Tamaulipas, solo hay una plaza que podría considerarse vacante, la del Séptimo Distrito con cabecera en Reynosa, donde está adscrito el juez Juan Fernando Alvarado López, actualmente suspendido debido a la investigación por la manera en la que ha otorgado amparos a diferentes personajes políticos como el ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
En la estructura territorial del estado, hay tres tribunales colegiados en materias penal y del trabajo, dos en Victoria y uno en Tampico; dos tribunales colegiados en materias administrativa y civil, ubicados en Victoria.
Un tribunal colegiado de apelación con residencia en el municipio de Matamoros, dos tribunales colegiados del décimonoveno circuito ubicados en Reynosa.
Hay dos centros de justicia penal federal, uno en Victoria y otro en Reynosa; ambos con tres jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio.
Cinco tribunales laborales federales de asuntos individuales (2 en Reynosa, 2 en Tampico y uno en Victoria).
En cuanto a los juzgados de distrito, son 14 y se ubican en Matamoros (4), Victoria (4), Nuevo Laredo (1), Reynosa (2), Tampico (2) y Ciudad Madero que opera con una sede judicial.
Los Juzgados primero, segundo y tercero de distrito de procesos penales están ubicados en Matamoros; un juzgado de distrito en materia de amparo y juicios federales también en Matamoros.
Los juzgados primero, segundo, décimo primero y décimo segundo se ubican en el municipio de Victoria; el juzgado tercero de distrito tiene su sede en Nuevo Laredo; los juzgados séptimo y octavo de distrito operan en Reynosa.
En tanto el juzgado noveno y el décimo de distrito tienen su sede en Tampico, mientras que el décimo tercero de distrito tiene su asiento en el municipio de Ciudad Madero.
Poder Judicial local
El dictamen que será votado en la Cámara de Diputados precisa que a más tardar en la elección concurrente del 2027, el Poder Judicial de Tamaulipas deberá ser sometido a las urnas.
“Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizas las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de las totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen”, señala el octavo artículo transitorio.
El documento también pone algunos candados para la operación administrativa de los poderes judiciales locales pues señala que “no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”.
Igual que en la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación, para el ámbito local también se ordena la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica y de gestión, que remplazarían al Consejo de la Judicatura.
Los requisitos y procedimientos para la elección de magistrados y jueces locales, deberá estar en sintonía con lo que indique la Constitución federal.
LAS REGLAS
Según el dictamen, que será discutido por la Comisión de Puntos Constitucionales en dos semanas, el proceso de elección daría inicio el día de la entrada en vigor del decreto y su etapa de preparación comenzaría con la primera sesión del Consejo General del INE, que deberá llevarse a cabo dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor.
Los Ministros, Magistrados y jueces que se encuentren en funciones podrán ser incluidos automáticamente en la boleta, a menos que decidan declinar o sean postulados para otro cargo o un circuito judicial distinto.
El proyecto de dictamen propone la creación de tres Comités de Evaluación -uno en cada uno de los Poderes- que tendrán como tarea recibir los expedientes de los aspirantes que participarían en la elección directa de Jueces, Magistrados y Ministros, determinar su idoneidad e integrará los listados de candidatos.
No obstante, el dictamen establece que, en caso de que los listados excedan el número de aspirantes requeridos, los Comités podrán recurrir a la tómbola, para ajustarlos.
“El Comité de Evaluación integrará un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito.
“Posteriormente depurará dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, el Comité los remitirá a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado”, señala el dictamen.
El Senado, a su vez, enviará los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección.
En materia de “campañas”, los candidatos tendrán acceso igualitario a la radio y la televisión y podrán participar en debates en medios de comunicación, pero no podrán recibir financiamiento de ningún tipo, contratar espacios en medios y los partidos no podrán manifestarse a favor de alguna candidatura.
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