CD. VICTORIA.- Tamaulipas ya entró al debate por la reforma judicial, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que será discutida y votada a partir del 1 de septiembre en el Congreso de la Unión. El asunto que ha dividido opiniones es el espíritu de esta iniciativa: la elección de jueces, magistrados y ministros por elección popular.
En todo el país, habría un cambio radical en la estructura judicial, y Tamaulipas no es la excepción. Como parte del Poder Judicial Federal, serían 49 posiciones de jueces las que se someterían a votación, y más de 100 en el poder judicial local, una vez que se homologue la ley.
En el ámbito federal, hay tres tribunales colegiados en materias penal y del trabajo, dos en Victoria y uno en Tampico; y dos tribunales colegiados en materias administrativa y civil, ubicados en Victoria.
También cuenta con un tribunal colegiado de apelación con residencia en el municipio de Matamoros, dos tribunales colegiados del décimonoveno circuito ubicados en Reynosa.
A eso se suman dos centros de justicia penal federal, uno en Victoria y otro en Reynosa; ambos con tres jueces de distrito, y cinco tribunales laborales federales de asuntos individuales.
En cuanto a los juzgados de distrito, son 14 y se ubican en Matamoros (4), Victoria (4), Nuevo Laredo (1), Reynosa (2), Tampico (2) y Ciudad Madero que opera con una sede judicial.
Los Juzgados primero, segundo y tercero de distrito de procesos penales están ubicados en Matamoros; un juzgado de distrito en materia de amparo y juicios federales también en Matamoros.
Los juzgados primero, segundo, décimo primero y décimo segundo se ubican en el municipio de Victoria; el juzgado tercero de distrito tiene su sede en Nuevo Laredo; los juzgados séptimo y octavo de distrito operan en Reynosa.
En tanto el juzgado noveno y el décimo de distrito tienen su sede en Tampico, mientras que el décimo tercero de distrito tiene su asiento en el municipio de Ciudad Madero.
En el Poder Judicial local, el territorio de Tamaulipas se divide en 15 distritos Judiciales, con 103 Juzgados de Primera Instancia: 14 atienden la materia Civil; 20 el área Familiar; 18 resuelven los asuntos de carácter Penal, 6 de Justicia para Adolescentes, 11 Mixtos, 21 Menores, 5 de Ejecución de Sanciones, 1 de Ejecución de Medidas y 15 Juzgados de Control.
A ello se suman los diez magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que actualmente son designados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado.
Los Jueces de Primera Instancia actualmente son nombrados por un periodo de tres años directamente por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a propuesta del Consejo de la Judicatura.
Toda la estructura del Poder Judicial se renovaría a partir del 2025 cuando se llevaría a cabo la primera elección ciudadana para designar a los nuevos jueces, magistrados y ministros.
Este es el punto que está en el centro de la discusión pública, que el viernes tuvo como escenario a Victoria, por la visita del senador Ricardo Monreal, quien fue recibido por el gobernador Américo Villarreal Anaya en un diálogo, en el que ambos reiteraron su absoluto respaldo a la reforma.
“El espíritu de la reforma es no tener jueces que sirvan a los intereses políticos. Lamentablemente, sí hay jueces que ofrecen la justicia en dólares, eso está presente”, dijo el senador cuando fue cuestionado por el actual de jueces federales que desde Tamaulipas, han otorgado una gran cantidad de amparos a personajes como el ex gobernador Cabeza de Vaca, y su círculo más cercano.
Lo que se busca, dijo, es que se acaben las chicanadas para la protección de la clase política, por lo que pidió no tener miedo a la transformación del sistema judicial.
“El poder reformador de la Constitución nos fue concedido en las urnas y no lo vamos a desaprovechar”, advirtió, y dijo que el tema de las fiscalías y su autonomía no estará fuera del debate.
“No solo Tamaulipas ha vivido la presencia incómoda de estas instituciones, sino estados como Guanajuato, Morelos… sí se van a revisar y no vamos a declinar en revisar las fiscalías locales y de la Federación”. Reconoció que entre ministros, jueces y magistrados hay preocupación de que cualquier persona pueda llegar a a ocupar esas posición, pero “eso no va a pasar”, dijo.
Recordó que cada poder va a proponer a los candidatos y una comisión de evaluación decidirá quiénes tienen la idoneidad y el mejor perfil de los que se inscriban para participar.
En lo que hay un acuerdo es en separar la función jurisdiccional de la administrativa, es decir, tener un tribunal de disciplina judicial en lugar del Consejo de la Judicatura, que no estará a cargo del presidente del Poder Judicial.
Los integrantes de este tribunal tendrían un período de seis años y la Presidencia sería rotativa para poder recibir denuncias de los ciudadanos. Lo que se busca es acortar el período de juicios para que no sean tan largos y tener procesos de seis meses o hasta 12 meses cuando se trate de juicios difíciles. “Creo que son más las cosas que nos identifican y nos hacen coincidir que las diferencias. Claro que hay opiniones y estamos escuchando a las minorías”, aseguró.
Este viernes, también comenzaron en Tamaulipas las manifestaciones de integrantes del Poder Judicial Federal que se oponen a la reforma, pues afirman que lesiona la independencia de los poderes, y viola sus derechos laborales.
“Sin temor a equiparnos, este poder judicial es el mejor que ha tenido México en su historia”, destacan “Defendemos la División de Poderes y la Independencia del Poder Judicial, decimos no a la reforma y a la elección de jueces por voto popular”, expuso Víctor Hugo Alejo Guerrero Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y de Trabajo en el Decimonoveno Circuito.
“Estamos decididos a actuar hasta las últimas consecuencias ante la intromisión en la Judicatura que pretende la sustitución en masa de los jueves y magistrados de carrera”, dijo.
Aseguró que se corre el riesgo de que el Poder Judicial de la Federación deje de ser independiente, deje de ser control y freno del Poder Político, “nadie de los que habitamos este país, incluidos quienes hoy promueven y alientan su desmantelamiento, tendremos seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos”. Denunciaron que magistrados y jueces federales, han sido calumniados y se les pretende intimidar, y que la reforma afectaría el sustento de 54 mil familias.
“No somos políticos y rechazamos cualquier invitación a compartir el Poder Político; juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos. No usamos urnas para juzgar y perseguir, no usamos vallas ni grupos antimotines. Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo de la Constitución y la Ley”.
A la protesta se sumó el personal del Poder Judicial de la Federación en Victoria. En octubre del año pasado, los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron y sumaron a un paro convocado a nivel nacional por la propuesta para la extinción de 13 fideicomisos y el anuncio de un recorte al presupuesto del 2024.
“Levantamos la voz en contar de la reforma judicial y defendemos la carrera judicial y defendemos la división de poderes”, señaló el magistrado, quien fungió como orador durante el acto de protesta. Dijo que la manifestación “es un recordatorio poderoso de que nuestra responsabilidad es compartida de defender y proteger el Estado mexicano, los derechos humanos de nuestro país”.
“Las juzgadoras y juzgadores federales de la República hemos servido digna y honrosamente a México y estamos orgullosos de nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos”, dijo, tras pronunciarse abiertamente en contra de la elección de jueces por voto popular: “Expresamos enérgicamente que es falso que 1,700 juzgadores federales seamos corruptos”.
Los abogados también forman parte de este debate nacional y entre sus propuestas está el incluir la operación de las fiscalías para que los agentes del ministerio público puedan hacer más eficiente su labor.
El Presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, Emilio Barrientos, advirtió que “las deficiencias no están solo en el Poder Judicial”, pues desde hace mucho tiempo en México hay una “incorrecta procuración de justicia”.
“Hay mucho que ver en el nuevo sistema de corte adversarial, la reforma va abrir los brazos hacia los juzgadores estatales y consideremos que el posicionamiento del Colegio de abogados, determina la sensatez de los alcances que tiene la reforma, su sentido, su idoneidad y desafortunadamente vemos que no reúne esa iniciativa los suficientes elementos para que la ley, una vez aprobada, traiga el resultado que se espera y quien la promueve”.
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